Ciro Castillo enfrentaría hasta 20 años por colusión agravada

El abogado penalista Vladimir Padilla afirmó que, de probarse el delito de colusión agravada, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, podría recibir hasta veinte años de prisión. Así lo indicó durante una entrevista con Canal N, en la que se abordó el alcance penal del caso que investiga la Fiscalía contra la actual autoridad regional.

Padilla explicó que, según lo establecido en el Código Penal, la colusión agravada conlleva sanciones severas, más aún si se logra acreditar que el investigado lideraba una organización criminal. Añadió que la pena por este segundo delito también podría alcanzar los veinte años, aunque su configuración requiere una mayor carga probatoria.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico contra el Estado superaría el millón y medio de soles, en el marco de presuntos fraccionamientos irregulares de contratos públicos que habrían evitado procesos de licitación.

Fundamentos para calificar como colusión agravada

El penalista detalló que una contratación directa sin justificación clara, especialmente en servicios no urgentes como marketing, puede configurar colusión si se comprueba que hubo intención de eludir la licitación. Para ello, la Fiscalía deberá demostrar no solo el fraccionamiento sistemático, sino también el acuerdo ilícito entre funcionarios y proveedores.

Padilla mencionó que esta modalidad irregular es más frecuente de lo que se cree en los gobiernos regionales. Recalcó que no basta una sospecha para solicitar allanamientos y detenciones preliminares, por lo que estimó que el Ministerio Público ya contaría con indicios suficientes, posiblemente aportados por colaboradores o reportes periodísticos.

El abogado hizo una analogía con el caso del exgobernador Óscar Acuña, en el cual un supuesto préstamo terminó siendo uno de los fundamentos para una medida de detención. Según dijo, situaciones similares podrían aplicarse a Castillo si la Fiscalía obtiene pruebas complementarias.

Alcances del procedimiento fiscal y judicial

Padilla también analizó los efectos de que el allanamiento en la vivienda de Ciro Castillo haya sido considerado “infructuoso” por su defensa. Indicó que esa calificación no deslegitima la diligencia, ya que el acta fiscal podría haber registrado elementos relevantes no divulgados públicamente.

Sobre la legalidad del operativo, señaló que el aviso previo al Ministerio de Justicia puede comprometer la eficacia de las diligencias. Por ello, propuso que se modifique la normativa para garantizar un mayor grado de reserva, permitiendo al imputado contactar a su defensa solo después de ejecutadas las acciones.

Añadió que, de confirmarse la prisión preventiva en lugar de la detención preliminar actual, Castillo quedaría inhabilitado para ejercer el cargo. En ese caso, debería ser reemplazado por otra autoridad, según lo previsto por la ley.

Debates sobre continuidad de contratos y modelo regional

Consultado sobre los contratos firmados durante la gestión de Castillo, Padilla dijo que deben revisarse caso por caso. Si no son urgentes, como los de salud, recomendó suspenderlos para evitar mayor perjuicio. Indicó que la Contraloría es la entidad responsable de evaluar su legalidad y continuidad.

Finalmente, cuestionó el funcionamiento de los gobiernos regionales en el país, calificándolos como estructuras que han duplicado la burocracia y generado escándalos recurrentes. Consideró que sería pertinente reabrir el debate sobre su permanencia como modelo de descentralización.