Comisión Permanente aprueba informe final contra Martín Vizcarra
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por presuntamente haberse interesado indebidamente en la designación del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján. La decisión fue adoptada con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención.
El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, incluye la Denuncia Constitucional N.º 424 y plantea imputaciones por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como nombramiento ilegal en agravio del Estado, tipificados en los artículos 399 y 381 del Código Penal.
Sustento de la denuncia y votación en Comisión Permanente
La presidenta de la subcomisión, Lady Camones Soriano, sustentó el informe ante la Comisión Permanente. Según el documento, Vizcarra habría mostrado interés directo en la designación de Soria, a pesar de que este no cumpliría con los requisitos legales exigidos para asumir el cargo de procurador general.
El informe precisa que la designación se concretó mediante la Resolución Ministerial 017-2020-JUS, del 1 de febrero de 2020. A raíz de ello, la subcomisión consideró que existen fundamentos para continuar con el trámite de la acusación constitucional contra el exmandatario.
Tras la votación, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, anunció que los actuados serán remitidos al Ministerio Público para que continúe el proceso correspondiente.
Inclusión de la exministra Ana Teresa Revilla
La denuncia también incluyó a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, quien participó en la sesión de manera virtual para ejercer su defensa.
Revilla sostuvo que las imputaciones en su contra “carecen de sustento constitucional y legal”, argumentando que la trayectoria profesional de Daniel Soria respalda su idoneidad para el cargo.
Durante su intervención, solicitó el archivamiento de la denuncia en su contra. Explicó que la designación de Soria se realizó mediante acto formal y que no existió interferencia política en el proceso.
Debate sobre la caducidad del antejuicio
Durante el debate, la congresista Gladys Echaíz advirtió que la resolución que oficializó la designación del procurador fue emitida el 1 de febrero de 2020 y, por lo tanto, habría vencido el plazo de antejuicio para formular denuncia contra la exministra.
La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, coincidió parcialmente con ese argumento y precisó que “la prerrogativa de antejuicio respecto a la exministra habría vencido”, ya que esta dejó el cargo el 13 de febrero de 2020.
No obstante, el proceso sigue adelante únicamente en lo referido al expresidente Vizcarra.
Derecho a defensa y notificación a Vizcarra
El presidente del Congreso, José Jerí, informó que Vizcarra fue debidamente notificado para ejercer su derecho de defensa. Las notificaciones se realizaron de forma virtual, a través de WhatsApp, correos electrónicos y en domicilios consignados en el expediente.
Sin embargo, según lo establecido en el artículo 89 literal K del Reglamento del Congreso, la Mesa Directiva calificó la inasistencia del exmandatario como injustificada, ya que no presentó documento alguno para asistir a la sesión.
Con base en ese criterio, se procedió con la votación sin su presencia, tal como establece el procedimiento parlamentario en casos similares.
Nueva subcomisión para sustentar la acusación
Como parte del proceso, se designó a Lady Camones como presidenta de la subcomisión acusadora que tendrá la tarea de sustentar el informe ante el Pleno del Congreso, en una fecha aún por definir. Esta etapa es necesaria para continuar con la tramitación de la denuncia constitucional.
Si el Pleno aprueba la acusación, el caso será trasladado formalmente al Ministerio Público, que podrá iniciar una investigación preliminar o preparar una eventual acusación fiscal.
Antecedentes del caso y situación legal
La Denuncia Constitucional N.º 424 fue presentada originalmente por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, quien incluyó tanto a Vizcarra como a Revilla en el documento. El caso ha sido evaluado en diversas etapas dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde su presentación.
De acuerdo con el informe final, Daniel Soria fue designado sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente para ejercer la jefatura del sistema de defensa jurídica del Estado. La resolución ministerial que oficializó su nombramiento es ahora el principal elemento de análisis legal en el proceso.
Implicancias políticas y administrativas
Esta nueva denuncia se suma a otros procesos parlamentarios y judiciales abiertos contra Martín Vizcarra desde su salida del cargo.
La acusación por nombramiento ilegal busca establecer si hubo interferencia directa del expresidente en un proceso que debía responder exclusivamente a criterios técnicos y legales.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 15 votos a favor el informe que recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra por presunto interés indebido en el nombramiento del procurador Daniel Soria. El caso fue derivado al Ministerio Público. La exministra Ana Teresa Revilla negó las imputaciones en su contra y pidió archivar la denuncia. Vizcarra no asistió a la sesión y su inasistencia fue declarada injustificada. Lady Camones fue designada para sustentar la acusación ante el Pleno. La resolución del caso ahora depende del pronunciamiento final del Congreso.