Condenados mayores de 80 años podrían pedir su libertad
Esta disposición podría beneficiar a personas condenadas por delitos graves, incluyendo terrorismo, violación y narcotráfico, y también a quienes cumplen cadena perpetua
La reciente ley aprobada por el Congreso de Perú, Ley 32181, ha generado un amplio debate debido a sus implicaciones, especialmente en lo que respecta a los condenados mayores de 80 años.
Según esta ley, los condenados mayores de esa edad podrían solicitar cumplir su pena fuera de prisión por razones humanitarias, como arresto domiciliario o libertad con condiciones, si así lo determina un juez.
Esta disposición podría beneficiar a personas condenadas por delitos graves, incluyendo terrorismo, violación y narcotráfico, y también a quienes cumplen cadena perpetua.
El ejemplo más mencionado es el de Vladimiro Montesinos, quien tiene 79 años y ha sido condenado a 20 años de prisión. Con esta ley, podría acceder a un régimen de arresto domiciliario o libertad con restricciones una vez cumpla 80 años.
Lo mismo podría suceder con figuras como el expresidente Alejandro Toledo, quien tiene 78 años y fue condenado por corrupción, y con terroristas como Osmán Morote, Margot Liendo y Elena Iparraguirre, quienes también podrían beneficiarse de esta ley debido a su edad avanzada, a pesar de las graves condenas que enfrentan, como la cadena perpetua por terrorismo.
La ley fue aprobada en noviembre de 2024 y modificó el artículo 22 del Código Penal peruano. Introdujo un párrafo que permite a los mayores de 80 años cumplir su condena bajo la figura de arresto domiciliario o libertad con condiciones, utilizando los artículos 288 y 290 del nuevo Código Procesal Penal, que regulan las medidas de restricción o la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas menos severas.
Así votaron las bancadas
La aprobación en el Congreso fue apoyada por una amplia mayoría, con 94 votos a favor, incluyendo a congresistas de diferentes bancadas como Fuerza Popular, Podemos Perú, Acción Popular y Renovación Popular.
Especialistas y algunos congresistas han señalado que esta norma representa un retroceso en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo, y afecta gravemente la confianza en las instituciones.