La Confederación: Organización criminal dentro del penal Ancón
Un operativo en el penal Ancón 1 descubrió 32 teléfonos activos y un router ocultos a cinco metros de altura. La investigación de Cuarto Poder expone el funcionamiento de la organización criminal 'La Confederación' desde el encierro
Un operativo conjunto de la Fiscalía de Delincuencia Organizada y la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional del Perú descubrió 32 teléfonos celulares activos y un dispositivo router de internet clandestino en el pabellón 1 del penal Ancón 1. La intervención reveló que cabecillas de distintas bandas integraron la organización criminal 'La Confederación' para coordinar extorsiones, sicariato y venta de drogas hacia el exterior.
El hallazgo se produjo a cinco metros de altura, en un espacio estrecho ubicado entre el techo del comedor del pabellón y una malla metálica, al cual los internos accedían mediante escaleras. Las herramientas tecnológicas incautadas permitían mantener comunicaciones operativas continuas para dirigir delitos en Lima Norte y en el norte de Chile, pese a que el pabellón fue acondicionado bajo un régimen de extrema seguridad.
Estructura y funcionamiento de la organización al interior del recinto
La hipótesis fiscal señala que la alianza entre reclusos de alta peligrosidad permitió articular operaciones ilícitas coordinadas desde las celdas del penal Ancón 1. Entre los reos identificados en las pesquisas figura Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias "Chato Bazán", integrante de 'Los Compadres' y condenado en mayo a 35 años de prisión por sicariato agravado, a quien se le incautaron tres teléfonos celulares de uso personal.
De acuerdo con las declaraciones del fiscal Edwin Velásquez, la administración del pabellón y el control de las actividades ilegales quedaron a cargo de Luis Galarza Benvenuto, alias "Canco", tras el traslado de Wilfredo Montalvo Malqui, alias "Lápiz", al penal de Cochamarca. La red criminal administraba teléfonos para uso individual de los cabecillas y mantenía un sistema de alquiler de equipos para el resto de la población penitenciaria.
Las investigaciones económicas preliminares establecen que la venta de drogas y el alquiler de teléfonos móviles dentro de este pabellón generaron ingresos por un monto aproximado de 2 millones de soles. Las ganancias obtenidas por estos negocios ilícitos eran transferidas de manera constante hacia cuentas bancarias manejadas por terceros fuera del centro penitenciario.
Fallas en los sistemas de control e infraestructura de videovigilancia
La inspección efectuada en el establecimiento penitenciario puso al descubierto deficiencias en los mecanismos tecnológicos destinados a la fiscalización de los internos. Gerald Flores, gerente de Control de Lima de la Contraloría General de la República, detalló que los equipos de escaneo corporal como la cámara de rayos X y las cámaras corporales tipo body-cam no se encuentran operativas para detectar el ingreso de objetos prohibidos.
Asimismo, la auditoría del órgano de control constató que existe un promedio de 80 cámaras de videovigilancia dentro del establecimiento que no funcionan adecuadamente ni realizan grabaciones de las actividades internas. Esta situación se registraba directamente en el área del comedor, lugar donde se ubicaban los equipos de comunicación y que contaba con dos cámaras con visualización en tiempo real.
El coronel PNP Juan Felipe Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, confirmó que las comprobaciones de la Policía Nacional coinciden con los hallazgos reportados por la Contraloría. Las autoridades policiales indicaron que la inoperatividad de los sistemas de seguridad facilitó la permanencia y uso de la infraestructura tecnológica ilegal en el pabellón de extrema seguridad.
Alcance de las órdenes extorsivas y proyección de la red criminal
Los peritajes a los mensajes de WhatsApp recuperados de los dispositivos incautados el martes 22 de septiembre mostraron la emisión de órdenes directas para cometer atentados en la vía pública. En las comunicaciones del 12 de septiembre de 2026, los reclusos coordinaban la entrega de vehículos menores y armas de fuego a ejecutores externos para realizar disparos contra establecimientos comerciales en el paradero 20 de Las Flores.
La fiscalía y la policía analizan los números telefónicos receptores para identificar a los sicarios y extorsionadores que ejecutaban las disposiciones en las calles. La información de inteligencia revela además que 'La Confederación' proyectaba utilizar los recursos económicos acumulados para financiar la compra de fusiles de asalto, ampliar su presencia territorial y tomar el control de la extorsión al sector transporte.
El régimen de extrema seguridad implementado en octubre de 2025, que agrupó a más de 40 internos en celdas de ocho personas con 22 horas de encierro diario, no impidió el funcionamiento del centro de llamadas clandestino. Las autoridades mantienen abierto el proceso de investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales que permitieron el ingreso y permanencia de los equipos de comunicación.