Congresista pide destitución de jefa del Reniec por filtración
El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Milagros Velarde Koechlin. En el documento, el parlamentario solicita la destitución de la funcionaria por la presunta divulgación masiva e ilícita de datos personales de aproximadamente 27 millones de ciudadanos peruanos, a través de una plataforma digital institucional.
La acusación plantea que esta filtración de datos constituye una falta grave que compromete la dignidad del cargo y afecta directamente la seguridad ciudadana. La denuncia fue presentada a la JNJ en su calidad de órgano competente para imponer sanciones a titulares de organismos electorales, como se establece en la Ley Orgánica de dicha entidad.
Denuncia presentada ante la Junta Nacional de Justicia
Según el documento, el congresista Martínez solicita a la JNJ que, en ejercicio de sus atribuciones, imponga la sanción de destitución a Carmen Velarde. La petición se fundamenta en la comisión de actos que desmerecen la imagen institucional del RENIEC y afectan el concepto público del cargo.
El marco normativo citado incluye el artículo 2 de la Ley Orgánica de la JNJ y el artículo 12 de la Ley Orgánica del RENIEC, que establecen que el jefe de esta institución puede ser removido por la comisión de una falta grave. Esta falta se configura por actos que comprometan la dignidad del cargo, sin requerir una tipificación cerrada o taxativa.
Publicación del padrón inicial y exposición de datos personales
La denuncia se centra en la publicación del Listado del Padrón Inicial (LPI) el 27 de octubre de 2025 en la plataforma institucional del RENIEC. Aunque el objetivo declarado era la verificación ciudadana como parte del proceso electoral, el mecanismo de acceso permitió consultar datos sensibles de forma abierta, según denuncia periodística.
Entre los datos expuestos se incluían fotografías, domicilios y otros datos. La plataforma permitía la búsqueda mediante el número de documento nacional de identidad (DNI) y un dígito verificador que podía ser alterado y probado múltiples veces, lo que facilitó el acceso irrestricto a la información personal.
Responsabilidad atribuida a la jefa del Reniec
El documento señala que Carmen Velarde, como máxima autoridad del RENIEC, es responsable directa de supervisar las acciones institucionales. La denuncia menciona que la funcionaria ejerce el cargo por segunda vez consecutiva y, por tanto, conoce plenamente sus funciones y límites normativos.
La Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 198, autoriza la publicación del padrón inicial, pero no contempla la difusión abierta de información protegida. El artículo 203 de la misma norma establece que los datos como la impresión dactilar deben mantenerse en soporte seguro que garantice su confidencialidad.
Normas de protección de datos personales y opinión consultiva citada
La denuncia también cita la Opinión Consultiva N.º 025-2021-JUS/DGTAIPD de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Según esta opinión, la difusión de información como domicilios o huellas digitales está prohibida, incluso en el marco del proceso electoral. Esta mención reforzaría el argumento de que la publicación de los datos vulneró la legislación vigente sobre protección de la privacidad.
La denuncia califica la acción del RENIEC como contraria a los principios de confidencialidad y seguridad de los datos personales, establecidos tanto en normativas nacionales como en estándares internacionales.
Impacto en la seguridad ciudadana y agravantes
El congresista Martínez argumenta que la filtración ocurrió en un contexto de crisis de seguridad en el país. Se citan estadísticas recientes, como los 161 homicidios registrados en el primer semestre de 2025 y un incremento sostenido en las denuncias por extorsión respecto a años anteriores.
Se indica que la publicación de datos como dirección exacta y fotografía facilita a redes delictivas el rastreo de personas, exponiendo a la ciudadanía a situaciones de riesgo. La denuncia afirma que esta situación representa un agravante que incrementa la gravedad de la falta.
Reconocimiento implícito y reacción institucional posterior
Tras la difusión pública del hecho, el RENIEC restringió parcialmente el acceso a la plataforma, acción que, según el denunciante, constituye un reconocimiento implícito del error. Sin embargo, la denuncia sostiene que esta corrección fue tardía e insuficiente, ya que el daño ya se había producido.
El documento considera que el acto correctivo no mitiga las consecuencias y que se trata de una medida inidónea frente a la magnitud de la filtración.
Antecedentes y patrón de conducta institucional
Además de la filtración, la denuncia menciona antecedentes que, a juicio del congresista, demuestran un patrón de conductas indebidas. Entre ellos se cita una investigación preliminar abierta por la JNJ tras una denuncia presentada por ciudadanos de Marcona, quienes acusaron a Carmen Velarde de irregularidades en un proceso de verificación de firmas.
También se menciona un informe técnico del RENIEC que reveló la detección de más de 300,000 firmas con irregularidades en procesos de inscripción política de partidos como Fuerza Popular, APP y Somos Perú. Estos hechos se presentan como ejemplos de una gestión cuestionada y reiterada en el manejo de la información institucional.
Cobertura mediática y pruebas adjuntas a la denuncia
El congresista adjuntó como medios probatorios múltiples reportajes periodísticos sobre la exposición de datos personales. También incluyó un editorial del diario El Comercio titulado "Expuestos", que calificó la acción del RENIEC como una “irresponsabilidad mayúscula” y pidió sanciones.
Asimismo, la denuncia solicita que la JNJ requiera formalmente un informe detallado a la jefa del RENIEC, como parte del proceso preliminar para evaluar la procedencia de la destitución.
El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia ante la JNJ contra la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, solicitando su destitución por la presunta filtración masiva de datos personales de 27 millones de ciudadanos. El documento acusa a la funcionaria de comprometer la seguridad de la información institucional y vulnerar normas legales. También se citan antecedentes por irregularidades en procesos de verificación de firmas. La denuncia argumenta que estos hechos constituyen una falta grave y solicita que se inicie un proceso destitutorio. Se adjuntaron como prueba reportajes periodísticos y se pidió un informe formal de la entidad denunciada.