Congresistas sobre exclusión de mineros informales del REINFO
La exclusión de 50 mil mineros del REINFO desata reacciones políticas. Congresistas cuestionan el impacto de esta medida y el futuro de la formalización en el país.
La reciente exclusión de 50 mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha reactivado el debate político en el Congreso. Esta medida, impulsada por el Ejecutivo para depurar el padrón de formalización minera, ha generado posturas encontradas entre los parlamentarios. Mientras algunos consideran necesario el corte para ordenar la actividad minera, otros señalan vacíos en el proceso y piden evaluar nuevas alternativas.
La Comisión de Energía y Minas ha convocado una sesión extraordinaria para este martes, donde se evaluará el dictamen de la esperada Ley MAPE con la presencia del ministro del sector.
Silvana Monteza: "Ya era hora de poner un alto a la minería informal”
Una de las voces que se pronunció fue la de Silvia Monteza, congresista de Acción Popular. Si bien reconoció no estar plenamente informada sobre la convocatoria a la sesión extraordinaria, dejó clara su posición frente al tema. Monteza respaldó la decisión del Ejecutivo de ampliar el REINFO por seis meses más y calificó de irresponsable la actitud de muchos mineros informales que, en su opinión, han venido explotando los recursos del país sin respetar los requisitos legales. "Es negligencia de los mineros que han ido explotando minerales sin ninguna responsabilidad", declaró.
Minería informal y violencia: un vínculo que preocupa al Congreso
La congresista también enfatizó la relación entre la minería informal y otros fenómenos delictivos. Señaló que actividades como el sicariato, las extorsiones y la contaminación ambiental tienen un vínculo directo con la falta de control sobre esta actividad. Para ella, el decreto supremo que fija el nuevo plazo hasta el 31 de diciembre representa un punto de quiebre necesario. Estima que con esta extensión podrán formalizarse alrededor de 25 mil mineros, mientras que unos 45 mil quedarían fuera del proceso.
En cuanto al rol del Congreso, Monteza criticó la falta de priorización de la Comisión de Energía y Minas, que ha tenido un año para trabajar en la Ley MAPE sin avances concretos. Aunque apoyó que ahora se convoque a una sesión extraordinaria, lamentó que no se haya tomado acción antes. "Han tenido todo un año para sacar la ley MAPE. No sé qué ha pasado", señaló.
Jorge Montoya: “Hay una ley imposible de cumplir”
El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, fue más crítico. Afirmó que el problema minero no se resolverá en una reunión ni con gestos simbólicos, sino conociendo la realidad del sector. Señaló que la ley vigente obliga a los mineros a conseguir un contrato de autorización del concesionario, algo que calificó como impracticable: “Solo dos mil lo han logrado. Los otros ochenta mil no lo conseguirán porque depende de la voluntad del titular, y esa ley es imposible de cumplir”, advirtió.
Montoya agregó que se está criminalizando a todos los mineros informales, cuando en realidad muchos solo buscan trabajar legalmente. “Los ilegales deben ir presos, pero los informales no son delincuentes”, precisó. También criticó al Ejecutivo por no tener el valor de tocar el tema de las concesiones inactivas, lo que según él es el verdadero origen del conflicto. Propuso abrir un debate serio con expertos y personas que han trabajado toda su vida en minería, para reformular el sistema.