Congreso: aprueban ley para reformar acciones de seguridad en cárceles
La norma, exonerada de segunda votación, convierte en delito el uso de tecnologías no autorizadas en prisión y eleva las sanciones para los funcionarios o abogados cómplices.
El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen que unifica diversas iniciativas legislativas orientadas a reformar y fortalecer las acciones de seguridad en los centros penitenciarios y juveniles del país.
La reforma legal, que obtuvo 100 votos a favor, cero en contra y una abstención en su primera etapa, fue exonerada de manera unánime de la segunda votación con 92 adhesiones, quedando lista para su eventual promulgación por el Poder Ejecutivo.
El texto aprobado modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688, con el objetivo primordial de recuperar el control definitivo de las prisiones y neutralizar los centros de operaciones que las organizaciones criminales mantienen tras las rejas.
Hasta 15 años de prisión para infractores y funcionarios
La nueva legislación introduce severas modificaciones punitivas en el sistema penal. A partir de su vigencia, se sancionará penalmente el ingreso, intento de ingreso o facilitación de teléfonos celulares, sistemas de comunicación digital, así como equipos de fotografía y filmación a los establecimientos de reclusión.
Las penas se agravarán sustancialmente, alcanzando hasta los 15 años de privación de la libertad, si el delito es cometido por autoridades penitenciarias, funcionarios, servidores públicos o abogados encargados de la defensa legal de los internos.
Asimismo, la normativa tipifica de manera autónoma la posesión indebida de aparatos telefónicos, armas de fuego, municiones y explosivos dentro de las celdas. Se establecen agravantes específicas cuando los sentenciados utilicen dichas herramientas de telecomunicación para coordinar actividades delictivas externas como extorsiones, sicariato o amenazas contra empresarios y ciudadanos.
Bloqueo obligatorio y operativos de neutralización
Otro de los pilares del dictamen es la optimización de los mecanismos regulatorios aplicados a las telecomunicaciones. La ley endurece las obligaciones de las empresas operadoras del sector privado para garantizar el bloqueo de señales dentro de los perímetros carcelarios.
"Muchos delitos de extorsión, sicariato, amenazas y crimen organizado continúan siendo dirigidos desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de celulares. Este dictamen dota al Estado de herramientas eficaces para enfrentar las comunicaciones ilícitas", argumentó el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Mamani.
Bajo la nueva estructura de control, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en estrecha coordinación con la Policía Nacional, podrá requerir de manera excepcional autorizaciones del Ministerio Público para ejecutar intervenciones de detección y neutralización de redes y frecuencias ilegales que operen de forma clandestina al interior de los pabellones de máxima seguridad.
El Congreso aprobó por mayoría reformar las políticas de seguridad del sistema penitenciario nacional, endureciendo las penas para contrarrestar la delincuencia coordinada desde las prisiones. La norma fija castigos de hasta 15 años de cárcel para quienes faciliten el ingreso de celulares o equipos fotográficos, con especial severidad hacia los funcionarios públicos y abogados. De igual modo, robustece la fiscalización de las empresas operadoras telefónicas en el bloqueo de señales y permite al INPE, junto a la Fiscalía, desplegar operativos tecnológicos de neutralización informática en los reclusorios.