Congreso responde a informe sobre contratos para bicameralidad
El Congreso de la República emitió un extenso comunicado en respuesta al reportaje de Cuarto Poder, que reveló la firma de contratos por más de 84 millones de soles para implementar la bicameralidad en 2026. Según la denuncia periodística, los acuerdos se habrían realizado en una reunión privada, sin difusión pública y bajo un procedimiento especial aprobado por la Mesa Directiva.
En el comunicado, el Legislativo señala que la creación de la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad se sustenta en la Ley 32172, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado de las cámaras de Diputados y Senadores a partir de 2026.
Agrega que los procesos de contratación fueron diseñados bajo los estándares de organismos internacionales como el Banco Mundial, BID, PNUD y OIM, para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.
Contratos fueron difundidos, según el Congreso
Uno de los principales cuestionamientos planteados en el reportaje fue la supuesta falta de transparencia, ya que el encuentro no figuraba en redes ni en el registro oficial de visitas. Sin embargo, el Congreso afirmó que los procedimientos se difundieron “por redes sociales, noticieros institucionales y medios como El Peruano y Gestión”, además de eventos informativos (roadshows) y visitas técnicas para empresas interesadas.
Según la denuncia periodística, uno de los contratos –por S/29 millones para adecuaciones sanitarias y eléctricas– fue adjudicado a Técnica Ingenieros SAC, cuyo representante figura en los registros de ingreso al Congreso.
Otro contrato –por S/56 millones– fue otorgado a E-Business Distribution, empresa vinculada a exfuncionarios del Estado y que ya tuvo vínculos contractuales con el Proyecto Legado.
Denuncian falta de control y uso de procedimiento especial
El reportaje del dominical de América Televisión también reveló que los contratos se firmaron bajo el modelo NEC4, poco difundido y recientemente traducido al español, lo que dificultaría el acceso a información para el control ciudadano.
Al respecto, el Congreso señala que toda la documentación de los expedientes de contratación está disponible en su portal institucional y en el de Transparencia Estándar del gobierno.
Además, sostiene que la gestión de la Unidad Ejecutora está sujeta al control obligatorio de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso. Esta entidad, según el comunicado, solicitó el pasado 24 de junio información documentaria sobre las acciones observadas por la prensa, con el fin de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos. La Mesa Directiva asegura respaldar dicha fiscalización.
Empresas y funcionarios involucrados
La nota periodística plantea que el proceso favoreció a empresas con antecedentes de vínculos con la administración pública, como E-Business Distribution, que habría compartido personal con la actual Unidad Ejecutora.
Además, expertos como el abogado Marco Montoya advirtieron que una reunión privada, sin difusión previa, “no parece reflejar la transparencia adecuada”.
En contraste, el Congreso asegura que más de 500 entidades fueron invitadas a participar en el proceso, incluidos gremios empresariales y colegios profesionales, con el objetivo de fomentar la competencia.
Obra en múltiples sedes del Legislativo
Los contratos incluyen trabajos en cinco sedes: el Palacio Legislativo, el edificio del Banco de Crédito, locales en jirón Áncash y Abancay-Junín, así como un terreno en Ancón destinado a archivo.
El proceso se justificó en función del nuevo modelo bicameral aprobado por el Congreso, que requiere adecuaciones logísticas y tecnológicas.