Contralor Alarcón acusado de compra irregular de vehículos

“Por lo menos dame esa oportunidad de que yo descargue acá”, dice una de las autoridades más importantes del país. El funcionario cuya labor es fiscalizar a todos los demás funcionarios del Estado.

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“Si no te satisfacen mis descargos, porque yo me estoy sometiendo ante ti por la amistad que te tengo, es decir: Estos son mis descargos”, mencionó el contralor Edgar Alarcón.

Walter Grados Aliaga es un abogado y auditor de la Contraloría General de la República. En el año 2015 se encontraba destacado ante la comisión investigadora de la “narcopolítica”, que presidió la entonces congresista Rosa Mavila. Él levantaba información de los políticos sospechosos de lavar de activos provenientes del narcotráfico y en el camino se topó con información que le hizo pensar que su hoy máximo jefe, el contralor Edgar Alarcón, podía estar involucrado en supuestos ilícitos.

En agosto del 2016, luego de acopiar documentación, Grados denunció a Alarcón ante la presidenta del Congreso Luz Salgado y ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, presidida por Héctor Becerril.

En setiembre del 2016, cuando Alarcón tomó conocimiento de la denuncia, citó al auditor Grados a su despacho, y trató de convencerlo de que retire sus cargos:

“Llegó al extremo de solicitarme que retire la denuncia. Entonces, yo le digo: "¿Cómo puedo retirar una denuncia? No me puedo tirar atrás.  Como el señor contralor me citó, yo grabé mi conversación” contó Grados a Cuarto Poder.

Entre el 2002 y el 2015, el alto funcionario y sus jóvenes hijos han comprado poco más de 90 vehículos. Eran autos y camionetas de categoría Audi, BMW y Jeep para operaciones de compra-venta. Según la denuncia, entre el 2013 y el 2015, siendo vicecontralor, Alarcón adquirió nueve  autos por un total de 182 mil 550 dólares, los cuales, según la denuncia, no solo no declaró, sino que nunca debió comprar para negocio pues la ley se lo impedía.

“Él compra ocho vehículos según Registros Públicos y no los ha declarado porque él fue omiso en la presentación de sus declaraciones juradas que por ley le correspondía hacer. Y la Ley 27785, que la puede ver textualmente, el artículo 33, prohíbe esa actividad lucrativa a un funcionario público del nivel que tiene el señor Alarcón”, señaló Grados.

Solo en el año 2013, Alarcón compró cinco autos. Ese año, sus bienes alcanzaban, de acuerdo a su declaración jurada anual, los S/. 932,100. Se supone que el año siguiente el valor de sus posesiones debió aumentar, ya fuera por los mismos vehículos o por las ganancias al venderlos,  pero se mantuvo igual, en S/. 932,100.

“La utilidad por la venta de los vehículos, de repente eran mil  dólares, 2 mil que se consumían en tus gastos corrientes. Vender un vehículo no significa que estoy aumentando 1 millón o 500 mil dólares, o 100 mil o 50 mil. Lo que se ganaba por este tema es irrisorio, de repente 1,000 dólares, 1,50 dólares, que fácilmente se podía gastar o consumir en tus gastos corrientes de la familia”, aseguró el contralor Alarcón.

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El contralor insinuó que el negocio no es tan rentable. Pero sus dos hijos aparecen en el asunto familiar desde muy jóvenes. El mayor, Edgar Alarcón Gordillo, hoy con 29 años, empezó a adquirir carros desde los 18 años. Fue en el 2006, cuando compró dos Honda Civic y el año siguiente, a la edad de 19, compró para comercialización once vehículos más, entre Hyundai, Mitsubishi, y Volkswagen Fox y Gol.  

Su hijo menor, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, de 24 años, también hizo lo propio. En el 2010, cuando su padre era gerente general de la Contraloría, el joven tenía 18 años y pese a su corta edad compró dos Volkswagen Passatt. Hoy tiene 24 y un largo historial de compras.

Entre el 2013 y el 2015, cuando Edgar Alarcón padre ya era vicecontralor, este joven adquirió 16 vehículos, entre autos y camionetas, marcas Jeep Grand Cherokee, Wolkswagen Jetta, Peugeot 360, BMW Coupé, Chevrolet Camaro, entre otros. En el 2016, a sus 23 años, compró por permuta un Subaru.

“Yo lo apoyaba a mi hijo, pero no es que comprábamos, repito, dos o tres carros, se han comprado uno a uno, hay que ver la secuencia”, explicó el contralor Alarcón.

Uno a uno, los más de noventa vehículos adquiridos por padre e hijo en trece años arrojan un promedio de siete compras anuales. Nada mal para un negocio que según el mismo contralor da sólo para gatos corrientes.

La denuncia del auditor Grados presenta un segundo caso imputado al contralor: el de la extrabajadora del área de Tesorería de la Contraloría, Marcela Emilia Mejía Franco, quien en su momento dependió funcionalmente de Alarcón cuando éste fue gerente de Finanzas de la Contraloría. La relación posteriormente se haría  también sentimental. Cuando la trabajadora cesó de la institución, en el año 2010, fue liquidada de manera presuntamente irregular con 127 mil soles y otros 100 mil bajo concepto de pago de viáticos. Esto cuando su sueldo era, en el 2009, S/. 3 mil 350.

Según Alarcón, los cálculos del auditor son errados, pues los 100 mil soles adicionales fueron en realidad viáticos para que otros funcionarios cumplieran su trabajo y que aparecen a nombre de Mejia pues era ella la encargada de retirar esos fondos normalmente antes de ser  cesada. El contralor asegura que ese dinero fue entregado a la Contraloría.  

La denuncia contiene también información de patrimonial y hasta personal de Edgar Alarcón. En setiembre del 2016, pocos días después de ser presentada ante el Congreso, el contralor llamó a su despacho al auditor Grados y allí se produjo este diálogo:

Edgar Alarcón: Walter, quería conversar contigo, quería expresarte no mi incomodidad, sí una duda, una preocupación, porque me hubiese gustado conversar brevemente contigo. Respeto tu decisión, voy a hacer mis descargos cuando me lo solicite el Congreso, y seguimos siendo amigos, porque ese es tu trabajo. Me parece bien.
Edgar Alarcón: Quisiera, más bien, que evalúes una posibilidad. Tómalo como posibilidad. Se me ha ocurrido ahorita. ¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? Y yo te hago, tú me dices “tengo todas estas preocupaciones, estas denuncias que hacer”, yo te las descargo, y si no, personalmente, yo te acompaño… y denunciamos (…) Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo, piénsalo, nada más te digo.

Después, se produce aquella frase del contralor: “yo me someto ante ti”.

Edgar Alarcón: Si no te satisfacen mis descargos, porque yo me estoy sometiendo ante ti por la amistad que te tengo, es decir, “estos son mis descargos”, si no te satisface, tú eres un ciudadano libre y voy a respetar, me denuncias y no tengo ningún problema. (35.52) Por favor, piénsalo, Walter, piénsalo, ¿ya? Sin el ánimo de hostilizarte.
(…)
Edgar Alarcón:Te respeto.

Al final, Alarcón, que es el contralor y que no le debe rendir cuenta a ningún auditor, le dice a Grados que le ofrecería sus descargos a él.

Edgar Alarcón: Respeto tu decisión, respeto tu decisión, por eso… una propuesta que espero que lo consideres, porque, al final, puedes decir “retiro la denuncia”. Pero eso no significa que queda ahí. Simplemente, “oye, mira, A, B, C, D”. Entonces, yo te hago los descargos. Y como tú eres auditor, me dices: “no me satisface, me mantengo en mi posición”, vamos pa’ allá. (36.38) Pero, por lo menos dame esa oportunidad de que yo descargue acá.

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Pero el contralor no necesitaba explicarle nada a Grados pues el caso ya se encontraba en trámite en la Presidencia del Congreso, en el despacho de Luz Salgado y en la oficina de Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Mientras esperaba que lo convoquen para sustentar sus imputaciones, la denuncia fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la también fujimorista Karina Beteta. Como las acusaciones contra Alarcón corresponden a su período como vicecontralor, Acusaciones Constitucionales no era la instancia que correspondía, así que sus integrantes declararon que allí no procedía ver la denuncia.