Contraloría precisa alcances sobre contratación de TV por cable
La Contraloría General de la República publicó un comunicado este miércoles 08 de julio de 2026 para precisar los alcances del servicio institucional de televisión por cable de la entidad. El pronunciamiento responde a versiones difundidas en espacios digitales respecto a las características y fines de este proceso de contratación pública.
El organismo fiscalizador aclaró que la contratación vigente corresponde al servicio institucional para un total de 117 sedes a nivel nacional. Esta cobertura incluye a las oficinas institucionales principales y a las 22 Gerencias Regionales de Control distribuidas en el país, con el objetivo de permitir el acceso a canales nacionales, internacionales, del Estado y fuentes de información política, económica y de actualidad.
Institución niega contratación extraordinaria por evento deportivo
La Contraloría detalló que viene contratando este servicio de manera continua desde el año 2021 mediante procedimientos de selección regulares. En consecuencia, la institución descartó que se trate de una adjudicación extraordinaria o de un servicio contratado con ocasión de un evento deportivo específico, señalando que la prestación funciona como herramienta de apoyo para el desarrollo de las funciones de control.
El proceso actual se inició con la convocatoria del Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Debido a que el primer postor adjudicado no perfeccionó el contrato en el plazo previsto, la entidad convocó un nuevo procedimiento de selección en mayo de 2026 para asegurar la continuidad del servicio en sus oficinas.
Contrato se suscribió por un periodo de tres años con postor único
El 15 de junio de 2026 se suscribió formalmente el Contrato N.° 041-2026-CGR, el cual establece una vigencia de 1,095 días calendario, periodo equivalente a tres años de prestación. El comunicado precisa que el monto total de la contratación cubre la totalidad de las sedes por el periodo señalado, por lo que calificaron de incorrecto atribuir dicho costo a la transmisión de un evento en particular.
El procedimiento administrativo se desarrolló bajo el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. En la nueva convocatoria, una empresa proveedora del sector figuró como el único postor que cumplió con los requisitos establecidos por la normativa para el perfeccionamiento del contrato.