Denuncian corrupción para aprobar proyectos en el Ministerio de Vivienda
La alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, denunció que un funcionario del Ministerio de Vivienda le pidió dinero a fin de que un proyecto de infraestructura para su provincia sea aprobado sin observaciones.
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Ella difundió la grabación de una conversación presencial que tuvo con Ramón Segundo Gines Espinoza, técnico de planificación 2 del ministerio que aún labora en esta entidad.
En el audio citado se escucha cómo el trabajador público se ofreció a "elaborar" los expedientes de los proyectos de saneamiento y pavimentación a cambio de 10 mil soles por cada uno, de manera que sean aprobados.
En ese sentido, De la Cruz dijo que esta es una práctica común en el Ministerio de Vivienda y que los miembros del comité evaluador de los proyectos acuerdan con las autoridades locales que sus empresas sean las beneficiadas de las licitaciones.
"Ellos ya tienen las empresas y lo dicen al alcalde: 'Mira, yo te voy a aprobar pero le das a mi empresa'. Y si tú no le das a su empresa, no te aprueban. Duermen en el sueño de los justos. […] La licitación ya tiene nombre", declaró en una entrevista en Canal N.
De la Cruz explicó que por estos actos de corrupción ninguno de los proyectos que ella presentó para su localidad ha sido aprobado, puesto que ella no habría pagado irregularmente a los funcionarios la presunta 'comisión' que piden por el 5% de la inversión.
En otro momento, la alcaldesa de Tocache denunció casos de 'votos golondrinos' en los comicios de octubre que habrían sido promovidos para distorsionar estos resultados.
Cerca de 60 ciudadanos de la comunidad de Nuevo San Martín habrían declararon un cambio de domicilio promovidos por el alcalde del distrito Nuevo Progreso, Síster Valera, según reportó De la Cruz.
Agregó que por ello se está solicitando que el respectivo Jurado Electoral Especial (JEE) anule los comicios en el distrito Nuevo Progreso, donde fueron quemadas nueve ánforas e incluso se habría falsificado material de sufragio. Pidió además que las entidades electorales investiguen el caso.