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Corte Suprema anunció comisión para analizar leyes promulgadas

La Corte Suprema forma una comisión para analizar las leyes aprobadas por el Congreso. Se cuestionó los cambios en la detención preliminar sin flagrancia y la modificación del tipo legal de crimen organizado
 
Foto y video: Canal N

Tras una sesión extraordinaria, la Sala Plena de la Corte Suprema anunció la formación de una comisión para analizar las leyes promulgadas sobre reformas penales y tomar las acciones correspondientes tras decisiones tomadas en el Poder Legislativo

“El Congreso aprobó varias leyes en materia orgánica, de las carreras judicial y fiscal, penal y procesal-penal y constitucional, sin la imprescindible reflexión y vocación de consenso con los demás poderes públicos en asuntos que comprometen la aplicación de las leyes y la propia institucionalidad del ordenamiento judicial”, se indicó durante un pronunciamiento.

Además, los integrantes de la Sala Plena pidieron a los poderes públicos evitar la afectación de la independencia judicial y remarcó que los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial. 

“Es perturbadora la reforma del Código Procesal Constitucional al limitar los poderes de control constitucional de las decisiones parlamentarias y generar un procedimiento especial que revela un claro desequilibrio de los principios de separación, equilibrio e independencia de los públicos”, se mencionó.

Dijo que llama la atención los cambios en las normas referidas al crimen organizado y las detenciones preliminares. Por su parte, el juez supremo César San Martín consideró que las leyes aprobadas por el Congreso "han generado más problemas que soluciones".

"También las leyes que consagran un radical cambio legislativo de la detención judicial preliminar- con la eliminación de detención sin flagrancia delictiva y, felizmente, su ulterior rectificación", refirió la Sala Plena de la Corte Suprema.

Mencionan también los cambios de la detención judicial preliminar, con la eliminación de detención sin flagrancia delictiva que luego fue derogada por el Legislativo.

En ese sentido, hacen un “llamado de atención a los poderes públicos y a la colectividad para evitar la afectación de la independencia judicial y que se promueva una política legislativa acorde con los valores democráticos".

Insiste que los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y “justificando veladamente el intervencionismo al sistema de justicia que nada bueno traería consigo".

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