Crisis en el Metropolitano: accidentes, heridos y renovación en espera
Una investigación periodística de Cuarto Poder reveló que las 520 unidades del sistema superaron el límite técnico de recorrido, mientras la ATU busca firmar una adenda estructural para iniciar el reemplazo progresivo de buses.
Un sistema masivo que se desplaza al borde del colapso estructural. Una reciente investigación periodística del programa dominical Cuarto Poder, de América Multimedia, puso al descubierto las alarmantes condiciones de inseguridad en las que opera el Metropolitano. En lo que va del año 2026, tres violentos accidentes registrados en el corredor troncal han dejado un saldo de 94 usuarios heridos de diversa consideración, encendiendo las alarmas sobre el desgaste material de un servicio que realiza más de 500 mil viajes diarios en la capital.
De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, la raíz de estos siniestros se vincula directamente con el envejecimiento de los vehículos. El vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Pavel Flores, admitió formalmente ante las cámaras el estado de obsolescencia de los buses.
Al ser confrontado técnicamente, el funcionario reconoció que es muy probable que la totalidad de las 520 unidades, entre buses troncales articulados y buses alimentadores, ya hayan cumplido y superado el límite de su vida útil operativa.
Las cláusulas ignoradas del contrato de concesión
La investigación de América Multimedia contrasta esta realidad con las pautas legales fijadas en el Anexo N° 13 del contrato de concesión original firmado con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Dicho documento establece con claridad los siguientes parámetros de retiro obligatorio:
Vida útil máxima: Todos los buses deben quedar fuera de servicio al cumplir 12 años de antigüedad o al alcanzar 1 000 000 (un millón) de kilómetros de recorrido (lo que ocurra primero).
El vocero de la ATU admitió un dato alarmante: el 100% de los vehículos en circulación ya rompió la barrera del millón de kilómetros. Ante ello, el exgerente general de la ATU, Edgardo de Pomar, lanzó una dura advertencia sobre la continuidad de estas operaciones.
"De acuerdo al contrato, no deberían circular. No vaya a ser que se convierta en un corredor de la muerte; tenemos que preservar la vida de los usuarios", señaló el especialista, enfatizando el temor legítimo de los pasajeros a sufrir daños severos.
Alertas tempranas archivadas e inacción estatal
El reportaje dominical demostró que la crisis no es nueva. Desde el 14 de abril de 2020, el extinto Protransporte emitió una alerta tras realizar el seguimiento a las primeras unidades que vulneraron el millón de kilómetros, recomendando evaluar la vigencia de sus Certificados de Autorización de Bus (CAB) para no poner en riesgo la seguridad vial.
Pese a este informe, los buses continuaron transitando sin sustitutos. El presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, precisó el impacto de esta negligencia: "A más antigüedad, más consumo, más contaminación, más accidentes y peor servicio".
Para intentar destrabar la renovación de la flota, la ATU anunció que el próximo 9 de junio finalizará la evaluación económica de una nueva "adenda estructural", la cual será remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 15 de junio para su validación.
Este proceso técnico se mantuvo paralizado debido a que las empresas operadoras condicionaban la compra de nuevas unidades al pago de deudas y laudos arbitrales en calidad de cosa juzgada por parte del Estado, una negociación que se espera concretar en julio para iniciar el reemplazo progresivo de la flota con tecnología moderna y aire acondicionado.
Un reportaje de Cuarto Poder expuso la grave crisis del Metropolitano, detallando que tres accidentes en el corredor troncal han dejado 94 heridos debido al colapso del sistema. El vocero de la ATU, Pavel Flores, reconoció que toda la flota superó el millón de kilómetros y cumplió su ciclo de vida útil. Aunque contractualmente los buses debieron ser retirados, siguen operando debido al retraso en la firma de una adenda estructural con las concesionarias, quienes condicionan la inversión al pago de laudos pendientes. La ATU prevé enviar los documentos económicos al MEF a mediados de junio para iniciar un recambio progresivo en julio.