Críticas al INPE por decisión sobre penal para Martín Vizcarra
La exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Mávila, cuestionó duramente el proceso mediante el cual se decidió el penal en el que el expresidente Martín Vizcarra cumpliría su prisión preventiva. Según indicó, los criterios aplicados por la Junta Técnica Clasificatoria del INPE carecen de transparencia y solidez técnica, lo que deja en entredicho la autonomía institucional. El principal argumento de Mávila apunta a que la decisión no se basó en criterios de política criminal ni en una evaluación real del riesgo penitenciario.
Durante sus declaraciones, Mávila manifestó que el jefe del INPE, Iván Paredes, no brindó explicaciones claras sobre el destino penitenciario de Vizcarra. También señaló que esta situación agrava la percepción pública sobre la legitimidad del sistema penitenciario.
El riesgo de enviar a Vizcarra a Lurigancho
Rosa Mávila advirtió que el envío de Vizcarra al penal de Lurigancho podría implicar un serio riesgo para su integridad. Según explicó, este establecimiento penitenciario presenta condiciones de hacinamiento y peligrosidad que no han sido debidamente consideradas en la clasificación. “Lurigancho hace muchos años tiene más de seis mil internos”, recordó Mávila, señalando la complejidad de manejar la seguridad en ese contexto.
Además, enfatizó que las decisiones deben basarse no solo en puntajes técnicos, sino también en criterios de discernimiento. Desde su perspectiva, este tipo de resoluciones podría tener consecuencias graves para el propio sistema penitenciario y para la percepción ciudadana sobre la justicia.
El precedente de otros expresidentes
En su intervención, Mávila también puso en cuestión el trato que se le estaría dando a Vizcarra en comparación con otros exmandatarios. Recordó que en casos anteriores, como el de Alberto Fujimori, se optó por centros penitenciarios diferenciados como Barbadillo. A su juicio, este cambio de enfoque contradice principios básicos de igualdad y de seguridad institucional.
“El tratamiento penitenciario a los expresidentes ¿es el mismo que a cualquier interno? La respuesta obvia es no”, afirmó, destacando la necesidad de aplicar estándares coherentes en todos los casos similares.
Posible trasfondo político en las decisiones del INPE
Otra de las preocupaciones planteadas por Rosa Mávila fue la posible politización en la toma de decisiones del INPE. Subrayó que la reciente reconfiguración de la Junta Técnica Clasificatoria coincide con un momento de debate político, en particular por la controversia sobre un fallo del Tribunal Constitucional. “Es curioso que cuando se está debatiendo la legitimidad del fallo… justo sale este bumerán de opinión”, sostuvo.
Estas coincidencias, en su opinión, minan la confianza ciudadana y alimentan la percepción de que el sistema penitenciario podría estar siendo instrumentalizado con fines políticos.
Alternativas legales frente a la decisión del INPE
Frente a este escenario, Mávila planteó que existen caminos legales disponibles para impugnar la decisión del INPE. Entre ellos mencionó el hábeas corpus, en caso se confirme que Vizcarra sería enviado a un penal como Lurigancho, así como recursos de reconsideración y apelación administrativa.
“Se puede plantear un recurso de reconsideración e incluso de apelación”, indicó, instando a que las autoridades revisen el caso con criterios más amplios que los meramente técnicos.