Cuatro medidas erradas para solucionar el problema de la delincuencia e inseguridad
En los últimos días, algunos alcaldes distritales han planteado acciones drásticas para combatir la delincuencia y la inseguridad en las calles. No obstante, para César Bazán, coordinador del área de seguridad ciudadana del IDL, la mayoría de las propuestas mencionadas son peligrosas pues podrían resultar contraproducentes y generar más violencia.
[LEE: Ministerio Público dio a conocer los distritos más peligros de Lima]
A continuación el análisis de César Bazán sobre cuatro medidas riesgosas para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.
1. Sacar a los militares a las calles para resguardar el orden interno
Los militares han sido capacitados para intervenir en situaciones de guerra con otros países y no contra la delincuencia. Los delincuentes a diferencia de los ejércitos extranjeros no están uniformados ni respetan reglas básicas de la guerra. Los militares no están entrenados para anticiparse a la lógica de los delincuentes comunes.
La práctica militar para solucionar un problema de orden interno puede llevar a niveles de violencia propios de enfrentamientos con enemigos externos. Esto no solo combatiría a la delincuencia, sino que también acarrearía bajas civiles de ciudadanos inocentes.
Además, la medida de que los militares resguarden el orden interno es inconstitucional, puesto que ellos solo pueden intervenir bajo Estado de Emergencia o en determinadas condiciones, de dudosa constitucionalidad.
[LEE: SJM: alcalde insistirá en propuesta para que FFAA patrullen las calles]
2. Darle a los serenos la posibilidad de usar armas no letales
La calidad del servicio de serenazgo varía de acuerdo a cada distrito. Hay municipios donde los serenos han cometido delitos graves, como el asesinato de una persona en San Martín de Porres en abril de este año.
Con esa gran disparidad de calidades en el servicio de serenazgo es muy peligroso otorgarles facultades para utilizar armas no letales, las cuales pueden ser letales en determinadas circunstancias.
A su vez, en algunos distritos, los servicios de serenazgo podrían ser utilizados por malos alcaldes para pagar favores de campaña y darles trabajo a personas que apoyaron durante el período electoral. En ese sentido, el servicio de serenazgo se pervierte y en lugar de apoyar a los vecinos, estaría al servicio de los intereses de los alcaldes.
No obstante, el servicio de serenazgo debe ser fortalecido. Hay que tomar un conjunto de medidas, que pasan por: mejorar las condiciones de ingreso a los cuerpos de serenazgo (exámenes, evaluaciones), capacitación (a través del CEMFOCAS en el caso de Lima) y mejorar las condiciones de trabajo de los serenos, entre otros.
[LEE: Luis Castañeda: Pedimos que el serenazgo use armas no letales]
3. La municipalidad debe declarar Estado de Emergencia
Esta propuesta es más creativa, pero igualmente inviable. Las municipalidades no son competentes para declarar Estado de Emergencia. El artículo 137 de la Constitución le da dicha facultad al Presidente de la República, no a otros funcionarios públicos.
Si bien la municipalidad no puede declarar la emergencia de su jurisdicción, sí puede realizar un conjunto de medidas a favor de la seguridad ciudadana. De hecho, el alcalde debe asumir el rol de liderazgo que le corresponde, tanto en el Comité Distrital del Seguridad Ciudadana, como con acciones directas de su comuna. A este nivel hay decenas de medidas que se pueden implementar.
[LEE: San Juan de Lurigancho pedirá al Ejecutivo se declare en emergencia el distrito]
4. Restablecer la pena de muerte, elevar las penas y eliminar los beneficios penitenciarios
En los últimos años, el Código Penal ha sido modificado centenares de veces, la mayoría de ellas para aumentar las penas y eliminar beneficios a los reos. Sin embargo, desde el 2007 la curva de delitos y faltas denunciados han aumentado.
Esto sucede porque se intenta cambiar la ley, pero no mejorar a los aplicadores de ella que son los policías, fiscales, jueces y las cárceles. Una norma que establece penas más elevadas, servirá para que dicho malintencionado operador del derecho pueda “elevar la tarifa” que le cobrará al delincuente (o al ciudadano inocente) que cayó en sus manos.
Cambiar la norma no garantiza nada, sino se solucionan problemas de fondo del sistema de justicia: corrupción, lentitud, burocratización, desorganización, malas condiciones de trabajo, etc.
Finalmente, lo verdaderamente preocupante es que hasta el momento no se dice ni hace nada para concretar la reforma policial y la reforma judicial en el país.