David Mujica: No hay un plan de operaciones del Mininter y la PNP
David Mujica mencionó que la Policía Nacional no puede estar persiguiendo de esquina a esquina; necesita hacer un trabajo de inteligencia con agentes encubiertos y mejor tecnología
La empresa de transporte Etuchisa, conocida como “El Chino”, en una de sus líneas que cubre la ruta A desde Ensenada en Puente Piedra, ha anunciado que no circulará debido a extorsiones.
Sin embargo, si no lo hace, se expone a quedarse sin sustento y a una sanción por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
En diálogo con Canal N, David Mujica, vocero de los gremios de transporte, dijo que la extorsión en el transporte público no es un tema nuevo, y se remonta a al menos seis o siete años atrás.
Desde que comenzaron estos grupos mafiosos a extorsionar, la autoridad no combatió el problema, permitiendo su crecimiento. Hoy se enfrenta a una criminalidad organizada con cabecillas y roles específicos.
Mencionó que la Policía Nacional no puede estar persiguiendo de esquina a esquina; necesita hacer un trabajo de inteligencia con agentes encubiertos y mejor tecnología.
El vocero de los gremios de transporte remarcó que han denunciado estas extorsiones, pero los extorsionadores usan números de cuenta y celulares que son difíciles de rastrear.
La policía muchas veces no puede seguir el rastro porque los datos se rebotan a varios países. Además, cuando un empresario denuncia, el extorsionador lo llama minutos después, mostrando una posible filtración de información.
Sanción de ATU
Al respecto, explicó que, si una empresa deja de prestar servicio, la ATU la sanciona por abandono, sin considerar la razón de la extorsión.
Las empresas tienen que pagar letras de buses nuevos y otros costos operativos, y con la extorsión, se agrega otro presupuesto más.
Las bandas criminales calculan cuánto pueden extorsionar según el número de buses de una empresa. Si no se paga, las represalias pueden ser violentas, como disparos a choferes.
Finalmente, David Mujica subrayó que la responsabilidad de combatir el crimen organizado recae en el Estado y la policía, que deben coordinar acciones efectivas. A pesar de reuniones con autoridades de seguridad, no hay un plan claro de operaciones.