Defensa de Ollanta Humala afirma que caso Gasoducto Sur fue "fabricado" por la Fiscalía

El abogado del expresidente Ollanta Humala, Edinson Huamán, aseguró que el caso Gasoducto Sur Peruano fue "fabricado" por el Equipo Especial Lava Jato y sostuvo que la reciente decisión del Poder Judicial de archivar la acusación por el delito de asociación ilícita representa un nuevo revés para la tesis fiscal.

En entrevista con Canal N, el letrado afirmó que la investigación nunca debió iniciarse, pues, según dijo, la licitación del proyecto se realizó conforme al marco legal vigente.

"El caso Gasoducto fue un caso fabricado por el Equipo Especial. Nunca debió nacer porque el proyecto se adjudicó de manera lícita y eso la Fiscalía lo sabía desde el año 2017", señaló.

Huamán recordó que el Poder Judicial declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro Luis Miguel Castilla, decisión que dejó sin efecto la imputación por asociación ilícita al considerar que el hecho atribuido ya no constituye delito bajo la legislación vigente.

El abogado precisó que esta resolución se sustenta en la aplicación de la Ley N.º 32108 y aclaró que no se trata de una cuestión meramente formal. "La excepción de improcedencia de acción justamente determina que el hecho imputado no constituye delito. Es un tema de tipicidad, no de forma", explicó.

Acusación por colusión continúa

Pese al archivo del delito de asociación ilícita, Huamán reconoció que el proceso continúa por la imputación de colusión agravada. No obstante, consideró que esta acusación también carece de sustento probatorio y confió en que seguirá el mismo camino.

"La colusión agravada es incluso más frágil en el aspecto probatorio. La Fiscalía nunca ha podido demostrar que el proyecto del Gasoducto Sur se adjudicó de manera ilícita", afirmó.

Como argumento, recordó que en un proceso anterior relacionado con la misma licitación, el Poder Judicial absolvió a exfuncionarios investigados por colusión, al concluir que no existió delito en la adjudicación. Asimismo, mencionó que el Tribunal Constitucional, en un proceso de amparo promovido por un consorcio competidor, determinó que la licitación se desarrolló conforme a derecho.

Espera fallo del Tribunal Constitucional

Respecto al proceso por lavado de activos que mantiene recluido a Ollanta Humala en el penal de Barbadillo, Huamán indicó que el hábeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional se encuentra pendiente de resolución.A su juicio, el máximo intérprete de la Constitución debería pronunciarse durante el presente mes.

"Esperamos que el Tribunal Constitucional aplique el mismo criterio que en otros casos similares. Creemos que este mes debería resolverse el hábeas corpus", manifestó.

El abogado reiteró que, desde su perspectiva, el expresidente no debería continuar en prisión mientras se revisa la legalidad de la sentencia por lavado de activos.

Durante la entrevista, Huamán también cuestionó la actuación de integrantes del Equipo Especial Lava Jato y sostuvo que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia fueron víctimas de una persecución fiscal.

Entre los hechos mencionó una investigación contra la fiscal Giovanna Mori por el requerimiento de la historia clínica de la ex primera dama, actuación que calificó como irregular por no contar —según afirmó— con autorización judicial.

Certificado del ministro de Trabajo

Consultado sobre el reportaje de Cuarto Poder que involucra al ministro de Trabajo, Freddy Solano, por la presunta presentación de un certificado laboral falso para acceder a cargos públicos, Huamán evitó emitir una conclusión definitiva.

Indicó que toda persona goza del derecho a la presunción de inocencia y que corresponde al Ministerio Público determinar la veracidad de los hechos. "Si ese hecho ocurrió, debe ser materia de investigación. Eventualmente podrían evaluarse delitos como uso de documento falso o falsificación de documentos, pero primero corresponde investigar", sostuvo.

Finalmente, remarcó que las investigaciones fiscales deben desarrollarse respetando el debido proceso y sin adelantar responsabilidades penales antes de que existan resoluciones judiciales firmes.