Defensor del Pueblo rechaza que su demanda beneficie a su hermana
Josué Gutiérrez defendió su demanda ante el Tribunal Constitucional y aseguró que busca estabilidad jurídica
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó que su pedido de revisión de la Ley de Extinción de Dominio tenga como objetivo beneficiar a su hermana. Negó cualquier relación entre su iniciativa y el caso de su familiar, a quien le incautaron un vehículo supuestamente vinculado a un delito de contrabando.
Desde Chiclayo, el titular de dicha institución aseguró que su demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) está respaldada por juristas y busca garantizar seguridad jurídica para la ciudadanía.
“No hay ninguna influencia. Confío en la idoneidad de los magistrados del Tribunal Constitucional”, expresó.
Durante una entrevista a América Televisión, Gutiérrez manifestó que la Defensoría del Pueblo no busca eliminar la extinción de dominio, sino corregir aspectos que, según indicó, podrían estar siendo utilizados de manera abusiva por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Yo estoy seguro, convencido y respaldado por los juristas del Perú. Eso naturalmente nos alegra”, declaró Gutiérrez, tras sustentar su demanda ante el TC. Además, señaló que la institución que lidera ha recibido múltiples denuncias sobre el uso indebido de esta figura legal, lo que motivó su acción.
En agosto de 2024, Gutiérrez presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373, argumentando que vulnera derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
Su acción generó polémica, ya que el recurso guarda similitudes con argumentos utilizados por el exgobernador Vladimir Cerrón, cuya defensa ha cuestionado la extinción de dominio en procesos que involucran sus bienes.
Esto ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Por otro lado, la Procuraduría General del Estado manifestó su rechazo a los intentos de modificar la norma, advirtiendo que su debilitamiento podría afectar la lucha contra el crimen organizado.
La Fiscalía de Extinción de Dominio ha logrado recuperar hasta 94 millones de dólares para el Estado peruano mediante este mecanismo.
El 20 de febrero de 2025, el Tribunal Constitucional dejó al voto su fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad, una decisión que podría tener un impacto en el marco legal de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.