Defensoría acepta renuncia de jefe de asesores tras investigación
La Defensoría del Pueblo aceptó la renuncia de Juan José Canales Durand al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores, en medio de una serie de cuestionamientos que lo vinculan a presuntas irregularidades.
A través de la Resolución Administrativa N° 077-2024/DP, se oficializó su salida, con su último día de labores programado para el 28 de febrero de 2025.
Canales Durand estuvo en el centro de la polémica luego de que una investigación periodística de Cuarto Poder y la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N revelara su participación en una millonaria operación inmobiliaria vinculada a César Acuña.
Además, el exfuncionario había sido investigado previamente por presunto lavado de activos y tráfico de menores.
Las revelaciones periodísticas mostraron que en 2016, Canales adquirió una propiedad valorizada en 1.2 millones de dólares para César Acuña, sin que en ese momento se registrara formalmente la transferencia de propiedad.
Esta operación generó sospechas y llevó a indagar su relación con el líder de Alianza Para el Progreso.
Además, en 2013, Canales fue destituido de su cargo en Migraciones tras ser vinculado a una banda que intentaba trasladar ilegalmente a menores de edad al extranjero.
Según documentos judiciales, habría facilitado pasaportes con identidades falsas para dos menores que iban a ser enviados a Estados Unidos.
A pesar de los señalamientos en su contra, Canales Durand regresó a la función pública y fue designado jefe de asesores de la Defensoría del Pueblo por Josué Gutiérrez.
Su nombramiento generó controversia desde el inicio, y tras la difusión del informe periodístico, la Defensoría anunció una investigación interna que nunca llegó a concluir antes de su renuncia.
Uno de los aspectos más polémicos del caso es que la detención de Canales Durand en 2013 fue revocada por un fallo judicial emitido por magistrados posteriormente vinculados a la red criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".
Entre ellos figuraba el exjuez César Hinostroza, quien fue acusado de corrupción.
Tras la difusión de estos hechos, Canales Durand anunció que había puesto su cargo a disposición. Finalmente, la Defensoría del Pueblo aceptó su dimisión, cerrando un episodio que ha generado serias dudas sobre los procesos de selección de funcionarios en el organismo.