Defensoría pide replicar sanción de caso Saweto en otros procesos
La Defensoría del Pueblo solicitó que la reciente sentencia dictada contra los autores del asesinato de cuatro dirigentes indígenas en el caso Saweto se convierta en un precedente judicial que se replique en otros 23 crímenes similares cometidos en los últimos once años contra defensores ambientales y líderes de comunidades nativas en el país.
La institución remarcó que aún existen múltiples casos en espera de justicia.
Sentencia histórica en el caso Saweto
El pronunciamiento se dio luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificara el último lunes la sentencia de 28 años y tres meses de prisión efectiva contra los responsables del asesinato de Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima, dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes fueron asesinados en 2014 tras denunciar actividades de tala ilegal en la región Ucayali.
Los sentenciados son los empresarios madereros José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de autores mediatos, y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, considerados coautores. La resolución judicial también ordena el pago de S/ 400 mil en concepto de reparación civil para los deudos.
Demora en el proceso y llamado a operadores de justicia
La Defensoría del Pueblo destacó que esta condena representa la primera sentencia firme en un caso de asesinato de defensores de derechos humanos en Perú.
Sin embargo, advirtió que la demora de casi una década en alcanzar este fallo debe generar reflexión en el sistema de justicia, especialmente en el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de evitar dilaciones similares en otros procesos.
El caso tuvo múltiples fases judiciales. En febrero de 2023 se dictó una primera condena, que fue anulada meses después.
Posteriormente, se inició un nuevo juicio en noviembre del mismo año, que culminó en abril de 2024 con la sentencia en primera instancia, ratificada ahora por la Sala Penal de Apelaciones.
Fugitivos y llamado a la Policía Nacional
Pese a la ratificación del fallo, la Defensoría del Pueblo advirtió que los sentenciados se encuentran en calidad de prófugos.
Por ello, exigió a la Policía Nacional del Perú (PNP) que intensifique los operativos de ubicación y captura para garantizar la ejecución efectiva de la condena y evitar que el crimen quede impune.
La institución subrayó que no basta con la emisión de sentencias si estas no pueden cumplirse por la falta de ubicación de los responsables. La ejecución de la justicia, señaló, debe ser integral y oportuna.
Otros 23 crímenes en espera de justicia
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reveló que existen otros 23 casos de asesinatos de defensores ambientales e indígenas en el país, ocurridos en la última década, que siguen sin resolverse judicialmente.
Entre ellos, mencionó el caso del defensor Alfredo Ernesto Vracko, asesinado en 2015 en Madre de Dios, tras denunciar actividades de minería ilegal, y el caso de Hipólito Quispehuamán, asesinado en julio de 2025 en el distrito de Inambari.
Ambos líderes habían expresado preocupación por la expansión de actividades ilícitas en áreas protegidas o zonas forestales. La Defensoría recalcó que estas muertes no deben quedar impunes y que el sistema de justicia tiene la responsabilidad de responder con celeridad.
Seguimiento institucional y apoyo a familiares
La Defensoría del Pueblo informó que continuará haciendo seguimiento a estos procesos judiciales y brindando acompañamiento a las familias de las víctimas.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las personas defensoras del ambiente y de los pueblos indígenas.
La institución insistió en la necesidad de establecer mecanismos que garanticen medidas de protección, investigación eficiente y acceso a la justicia para quienes defienden el territorio y los recursos naturales en contextos de riesgo.
Compromiso contra la impunidad
La Defensoría del Pueblo remarcó que este tipo de crímenes constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos, la gobernanza ambiental y el reconocimiento legal de las comunidades indígenas.
Por ello, pidió que la sentencia en el caso Saweto sea vista como un mensaje institucional claro sobre la importancia de la justicia frente a crímenes que afectan la vida y la integridad de personas que ejercen liderazgo en contextos de alta vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, instó a todas las entidades estatales involucradas a asumir su responsabilidad y evitar que estos procesos continúen estancados o sin resultados concretos.
El precedente judicial, añadió, debe traducirse en acciones eficaces para erradicar la impunidad.
La Defensoría del Pueblo pidió que la sentencia en el caso Saweto se replique en otros 23 crímenes de líderes indígenas. Destacó la condena de 28 años contra los responsables del asesinato de cuatro dirigentes en Ucayali y exigió a la Policía Nacional intensificar su búsqueda, ya que están prófugos. También solicitó acelerar procesos similares como los casos de Alfredo Vracko y Hipólito Quispehuamán. La institución continuará acompañando a los deudos y exige justicia sin demoras para todos los defensores ambientales asesinados en la última década.