Defensoría: solo el 1% de presos corresponde a casos de corrupción
La lucha contra la corrupción en el Perú, parece no verse reflejada en las cifras. Según el analista político, José Carlos Requena, es poco significativo el porcentaje de presos por este delito.
"El caso más relevante es que de toda la población penitenciaria hasta el año 2017, de los algo más de los 76 mil detenidos, solo el uno por ciento, es decir, 550 detenidos, correspondían a casos de corrupción", indicó.
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Es decir, de los 543 casos por corrupción, 268 están procesados y 275 solo han sido sentenciados.
"Llama la atención este dato y no solo Lava Jato sino en general siendo tan recurrentes las denuncias de corrupción que se airean en los medios de comunicación y que el ciudadano siente día a día", refirió.
A octubre del 2017, las personas que se encuentran en la cárcel sentenciadas o procesadas están en primer lugar por el delito de cohecho pasivo propio, es decir, por soborno, con 170 casos.
Le sigue la colusión con 83, el peculado con 81 y más lejos el enriquecimiento ilícito con solo 2 casos, seguido de la corrupción pasiva con 2 y malversación de fondos con un solo caso.
"Hay 33 mil casos de corrupción según el primer informe de la Defensoría. En este segundo informe solo se ve que hay 270 presos con sentencia firme y otros 270 aproximadamente purgando prisión preventiva entonces hay un gran contraste", sostuvo Requena.
De los encarcelados, en Lima hay 148. Le sigue Ica con 53 y Áncash con 42. Las regiones con menos procesados o sentenciados son Madre de Dios con 6 al igual que Pasco y 5 en Tumbes.
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"Quisiéramos establecer una especie de observatorio que nos permita ver los casos no necesariamente emblemáticos, pero sí los que afectan directamente a la ciudadanía y por otro lado tener un foco más cercano a los casos emblemáticos principalmente a los casos Lava Jato", dijo.
La Defensoría del Pueblo pudo determinar que la Contraloría recibió en el 2016 unas 2,768 denuncias. De ellas 1,682 fueron atendidas, en 599 se detectaron irregularidades y el tema más denunciado fue la adquisición de bienes y servicios y la ejecución de obras públicas.