Delia Muñoz: Congreso debe evaluar “punto por punto” pedido de 66 facultades del Ejecutivo

La exministra de Justicia Delia Muñoz consideró que el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo remitirá al Congreso debe ser analizado de manera específica, debido a la cantidad de materias que contempla. Según indicó, aunque han trascendido 66 puntos, estos podrían estar agrupados en distintos temas y deberán ser evaluados por el Parlamento antes de su eventual aprobación.

En entrevista con Canal N, Muñoz explicó que la delegación de facultades legislativas ha sido utilizada por anteriores gobiernos como un mecanismo para agilizar la implementación de determinadas políticas. Señaló que el Congreso debe establecer con precisión cuáles son las materias que delegará y que, posteriormente, corresponde realizar un control político sobre las normas que emita el Ejecutivo.

Senado solo podrá ratificar o rechazar decisión de Diputados

La exministra explicó que, bajo el actual esquema bicameral, la Cámara de Diputados será la encargada de negociar y decidir qué facultades se conceden al Ejecutivo. Una vez aprobada la delegación, la propuesta pasará al Senado para su ratificación.

"La Cámara de Diputados va a entrar en un proceso de negociación política para ver cuáles facultades se aceptan dentro de los paquetes con cuáles se quedan. Podrán hacer algún tipo de precisiones", dijo.

Muñoz precisó que la Cámara de Senadores no podrá modificar sustancialmente la decisión adoptada por los diputados, sino que deberá otorgar o rechazar su conformidad. 

"Aprobada la decisión por diputados, va al Senado para la ratificación. Hay que recordar que en el modelo que está funcionando en la actualidad, el Senado no puede cambiar. El Senado acepta o rechaza, pero el Senado no puede hacer modificaciones de mayor nivel. Solamente da favor la conformidad y allí termina el proceso", explicó.

Respecto a la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas al sistema penitenciario, consideró que no existiría necesariamente un problema constitucional si su función se limita al apoyo de seguridad en los exteriores de los establecimientos penitenciarios, permitiendo que el personal del INPE se concentre en las labores internas.

La exministra recordó además que existe un marco legal que permite la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas labores de apoyo al orden interno.

Muñoz cuestiona efectividad de las denominadas “leyes procrimen”

Sobre la revisión de las llamadas “leyes procrimen”, Muñoz consideró positivo que el Ministerio de Justicia haya creado un grupo de trabajo para evaluar su impacto.

Sostuvo que antes de calificar una norma como favorable al crimen se debe analizar su funcionamiento y determinar si realmente cumplió con los objetivos para los que fue aprobada. Como ejemplo, mencionó un informe de la Defensoría del Pueblo sobre lavado de activos y pérdida de dominio, según el cual la efectividad de las normas analizadas habría sido reducida.

En ese sentido, señaló que si una legislación no produce los resultados esperados, corresponde revisar el modelo y realizar los cambios necesarios, en lugar de limitarse a etiquetarla como una norma “procrimen”. 

Decisión de Brasil podría tener impacto en condena de Alejandro Toledo

Al referirse a la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de anular pruebas enviadas al Perú relacionadas con los servidores Drousys y My Web Day, utilizadas en investigaciones vinculadas al caso Odebrecht, Muñoz señaló que una prueba declarada inválida puede generar consecuencias en un proceso penal.

En el caso del expresidente Alejandro Toledo, sin embargo, consideró que el impacto no necesariamente sería absoluto, debido a que la Fiscalía peruana habría incorporado otras pruebas y testimonios durante la investigación por los hechos relacionados con la carretera Interoceánica Sur.

Muñoz explicó que, si las pruebas provenientes de Brasil no constituyeron el único sustento de la condena, su exclusión podría generar una afectación parcial, pero no necesariamente provocar que toda la sentencia quede sin efecto.

La exministra precisó que la justicia peruana deberá determinar qué alcance tiene la decisión brasileña y cómo corresponde aplicar las reglas relacionadas con la incorporación de prueba trasladada desde otro país.

Finalmente, señaló que incluso una sentencia que ya hubiera quedado firme podría ser revisada si posteriormente se determina que una prueba fundamental utilizada para sustentarla era nula. No obstante, reiteró que en el caso de Toledo será necesario establecer qué peso tuvieron específicamente las pruebas procedentes de Brasil frente al conjunto de elementos probatorios utilizados en el proceso.