Delia Muñoz: “La ley de extorsión en transporte es más un gesto político que una medida técnica”

La exministra de Justicia Delia Muñoz calificó la reciente ley contra la extorsión en el transporte como una medida principalmente política y no técnica.

En entrevista con Canal N, explicó que el delito de extorsión y el sicariato ya están tipificados en la legislación nacional, por lo que esta nueva norma tiene un efecto más simbólico.

“Lo que han hecho es dar una norma especializada para el área de transporte, en un intento de calmar los ánimos de las personas afectadas por estos delitos”, indicó.

Sin embargo, advirtió que la disposición incluye un punto controversial: la creación de un registro de empresas extorsionadas, lo cual, dijo, podría poner en mayor riesgo a los transportistas.

“Si las empresas deben inscribirse, estarían atrayendo la atención de quienes las vienen atacando”, alertó.

Muñoz remarcó que el verdadero desafío es lograr que las leyes se cumplan y las sanciones sean efectivas. “La lucha contra el sicariato y la criminalidad organizada es mucho más amplia. No se trata solo de dictar normas, sino de aplicarlas”, enfatizó.

La exministra precisó que el combate a estos delitos exige coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como recursos suficientes para acelerar los procesos judiciales. “Tenemos las normas, pero no vemos condenas rápidas. Ahí está la falla del sistema”, sostuvo.

Audios comprometen al jefe del INPE

Durante la entrevista, Muñoz también se pronunció sobre los audios que vinculan al jefe del INPE, Iván Paredes, con un presunto cobro de S/ 80 mil a cambio de liberar a un ex policía. Según la exministra, este tipo de denuncias deben investigarse con rapidez y rigurosidad.

“Estamos ante denuncias graves de corrupción que deben ser analizadas con pruebas válidas y cadena de custodia. Si no se confirma la veracidad, la población termina decepcionada y crece la impunidad”, advirtió.

Respecto a la permanencia de Paredes en el cargo, Muñoz señaló que el Gobierno debe actuar con decisión política. “Lo primero es presentar las denuncias y, de ser necesario, pedirle que se aparte del cargo temporalmente. Un jefe del INPE debe ser una persona impoluta, sin señalamientos”, afirmó.

Agregó que la permanencia de funcionarios cuestionados afecta la credibilidad de las instituciones, especialmente cuando se trata de un organismo responsable del sistema penitenciario.

Posible declaratoria de emergencia en el INPE

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo declare en emergencia al INPE, Muñoz consideró que podría ser útil para reorganizar los penales y trasladar a reos peligrosos, aunque advirtió que la medida debe tener un enfoque integral.

“La emergencia puede servir para reestructurar los establecimientos, pero debe acompañarse de una reforma normativa que garantice un cambio real”, señaló. Recordó además que el Tribunal Constitucional amplió en cinco años el plazo para construir nuevas cárceles, plazo que está por vencer.

Hacinamiento y corrupción estructural

Muñoz advirtió que el país enfrenta un problema grave de hacinamiento penitenciario y corrupción dentro de los penales. “Las cárceles están rebasadas y los bloqueadores de señal funcionan hacia afuera, no hacia adentro. Eso solo es posible con complicidad interna”, sostuvo.

Agregó que el Ejecutivo debe definir qué penales albergarán a los reos más peligrosos y fortalecer los mecanismos de control para frenar las comunicaciones ilegales desde las prisiones.

La exministra también se refirió al uso del polígrafo para funcionarios del INPE. Explicó que solo sería válido si está contemplado en los contratos o reglamentos internos. “Nadie puede ser obligado a someterse a una prueba contra su voluntad, pero si está prevista, su negativa podría considerarse una falta laboral”, precisó.

Finalmente, planteó que el Gobierno priorice la clasificación de penales y la reforma integral del sistema penitenciario, con énfasis en separar a los reos de alta peligrosidad. “Se necesita una reorganización real del INPE para recuperar el control de las cárceles”, concluyó.