Denuncian constitucionalmente al defensor Josué Gutiérrez
El recurso plantea diez años de inhabilitación contra Gutiérrez tras señalar en Canal N que un cierre del Congreso subiría la popularidad presidencial.
La diputada de la bancada Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional contra el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.
El recurso acusatorio fue ingresado formalmente ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el pasado 2 de setiembre.
La acción legislativa solicita la destitución del funcionario y la aplicación de una inhabilitación de diez años para el ejercicio de cualquier función pública.
La parlamentaria fundamentó su pedido en presuntas infracciones a los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política.
La denuncia contra Gutiérrez solicita diez años de inhabilitación pública
El documento acusatorio presentado por la legisladora sostiene que el defensor Josué Gutiérrez vulneró los principios de separación de poderes y el Estado democrático de derecho.
La congresista argumentó que la máxima autoridad de la Defensoría omitió deliberadamente analizar la legalidad constitucional de una eventual disolución parlamentaria.
Asimismo, la denuncia técnica señala que el funcionario midió una medida de quiebre institucional bajo criterios de conveniencia partidaria y rendimiento en sondeos de opinión pública.
El expediente fue derivado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para iniciar la fase reglamentaria de calificación.
Las declaraciones de Gutiérrez en medios motivaron el pedido de sanción
La acusación formal recoge los pronunciamientos emitidos por el defensor Gutiérrez durante entrevistas brindadas el 27 de agosto a Canal N y Exitosa.
En dichas declaraciones, el titular de la Defensoría afirmó que un cierre del Congreso elevaría de forma inmediata la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori entre 20 y 30 puntos.
El informe legislativo cuestiona además que la autoridad haya proyectado un respaldo popular superior al 80 %, comparando dicho escenario con el autogolpe de 1992 ejecutado bajo el mandato de Alberto Fujimori.
La denunciante remarcó que presentar ese hecho histórico como un precedente exitoso atenta contra el orden democrático.
Bancadas del Senado rechazan expresiones sobre la disolución parlamentaria
Cuatro bancadas del Senado —Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras— suscribieron un pronunciamiento público en rechazo a las palabras del defensor.
El documento fue firmado por los senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, Alfonso López Chau Nava, José Castillo Terrones y Daniel Barragán Coloma.
Los legisladores calificaron las declaraciones como incitaciones contrarias al equilibrio constitucional y defendieron la legitimidad del Poder Legislativo como expresión soberana.
A este pronunciamiento institucional se sumaron los cuestionamientos previos formulados por la bancada de Renovación Popular contra el titular del organismo defensorial.