Dictan 18 meses de prisión para expresidente de Corte de Apurímac
La medida coercitiva alcanza a la cónyuge del exmagistrado por presunta contratación irregular de personal.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján.
La resolución judicial fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, al evaluar los presupuestos procesales presentados por el Ministerio Público durante la audiencia pública.
La medida restrictiva de la libertad alcanza de forma simultánea a su cónyuge, la abogada Elionora Yntusca Janampa, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad y tráfico de influencias en agravio del Estado.
La resolución administrativa dispuso el internamiento preventivo para resguardar las diligencias de investigación judicial.
Determinación del peligro procesal y riesgo de fuga
El magistrado supremo Juan Carlos Checkley determinó que el peligro de obstaculización sustentó la adopción de la prisión preventiva contra los imputados.
Según la resolución, la investigación acreditó que los procesados realizaban contrataciones irregulares y exigían pagos económicos obligatorios a jueces y personal administrativo bajo amenaza de remoción del cargo.
Durante las intervenciones de la Primera Fiscalía Suprema, el fiscal supremo Iván Melgar Cáceres fundamentó que los investigados intentaron eludir la acción de la justicia mediante el cambio repentino de domicilio.
"Tenían información que los iban a detener", argumentó el representante fiscal, precisando que las actas de incautación registraron pasaportes con visado vigente hacia Estados Unidos.
El juzgado evaluó la prognosis de la pena y el peligro de fuga manifestado en la conducta de los procesados. De acuerdo con el cómputo fiscal, la sumatoria de las sanciones penales imputadas superaría los 20 años de privación de la libertad efectiva por concurso real de delitos.
Evaluación del estado de salud del exmagistrado procesado
Durante el desarrollo de la audiencia, el exmagistrado José Alberto Tinco Luján solicitó la desestimación del requerimiento aduciendo padecer una afectación médica severa.
El imputado declaró ante la judicatura que "una medida de prisión me afectaría gravemente", requiriendo una alternativa de juzgamiento en libertad por razones humanitarias.
El juez supremo Juan Carlos Checkley descartó el argumento de la defensa técnica basándose en los dictámenes periciales presentados en el expediente.
Según el informe médico oficial incorporado al proceso, no se demostró la recurrencia o gravedad de la enfermedad alegada que impida su reclusión en un centro penitenciario.
La judicatura concluyó que la infraestructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) garantiza la atención médica oportuna del procesado. El juzgado ordenó la ejecución inmediata de la orden de captura e internamiento para dar cumplimiento a la medida cautelar impuesta.
Resoluciones dictadas contra los demás investigados en el proceso
El tribunal supremo dictó de igual forma 12 meses de prisión preventiva contra el coinvestigado Alexander Puma Valer por su presunta participación en la red ilícita. La orden restrictiva busca asegurar su presencia en las etapas subsiguientes del proceso penal tramitado ante la Corte Suprema de Justicia.
En la misma resolución judicial, el magistrado impuso el mandato de comparecencia simple a favor de Mario Ramos Anampa y Marco Antonio Cerón Trujillo.
Según el dictamen, ambos procesados afrontarán las investigaciones en libertad sujetándose a las reglas de conducta fijadas por el juzgado.
Las investigaciones de la Primera Fiscalía Suprema continuarán recolectando elementos de convicción durante el plazo fijado por la magistratura. De acuerdo con el procedimiento legal, la defensa de los imputados podrá interponer el recurso de apelación correspondiente.