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Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata

La prisión preventiva de 36 meses será efectiva una vez que Barata se entregue a las autoridades peruanas o sea extraditado, lo que implica la activación de la Interpol

Este paso es parte de las investigaciones en torno a los casos de corrupción vinculados a Odebrecht. / Video: Canal N

El Poder Judicial ha declarado fundado el pedido de prisión preventiva contra el brasileño Jorge Enrique Simões Barata, exdirectivo de Odebrecht, en un caso vinculado a delitos de corrupción.

La solicitud fue realizada por la Fiscalía Provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

La prisión preventiva de 36 meses será efectiva una vez que Barata se entregue a las autoridades peruanas o sea extraditado, lo que implica la activación de la Interpol.

El juzgado ha dado un plazo de diez días hábiles para que el investigado se ponga a disposición voluntaria, bajo el riesgo de emitir las órdenes necesarias para su detención si no lo hace. 

Una vez detenido, Barata será internado en el establecimiento penitenciario que las autoridades peruanas determinen.

Este paso es parte de las investigaciones en torno a los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, donde Barata ha jugado un papel central debido a las revelaciones sobre pagos ilícitos a funcionarios y políticos en el Perú y otros países de América Latina. 

Fundamentos

El juez Leodán Cristóbal Ayala dictó la medida coercitiva contra Jorge Simoes Barata ante "la presencia de sospecha fuerte sobre la presunta participación del investigado (...) en los seis actos de presunta colusión agravada en el contexto de los proyectos de inversión pública, conocidos como Proyecto Kuntur y Proyecto Gasoducto".

El magistrado consideró que "desde la fase de ejecución del primero hasta el otorgamiento de la buena pro del segundo, se habría materializado el pacto colusorio celebrado entre el imputado a nombre de la empresa Odebrecht con Ollanta Humala y Nadine Heredia, estos en su rol de pareja presidencial y alto funcionario público, con el propósito de defraudar patrimonialmente al Estado en beneficio de intereses particulares".

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