Diputada Analí Márquez presenta denuncia contra Josué Gutiérrez
La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ante el Congreso de la República. El recurso legal presentado responde a las recientes declaraciones emitidas por el titular de la Defensoría del Pueblo respecto a un eventual cierre del Parlamento.
La acción parlamentaria interpuesta busca la aplicación de sanciones políticas directas contra el alto funcionario del Estado. Dentro del expediente presentado por la legisladora, se solicita formalmente la destitución de Gutiérrez de su cargo institucional y su inhabilitación del ejercicio público por un período de 10 años.
Analí Márquez presenta la acusación sustentada en argumentos políticos
La congresista Analí Márquez formalizó la denuncia constitucional fundamentando que las expresiones de Josué Gutiérrez vulneran el marco de neutralidad institucional. En su recurso, la parlamentaria señaló que el titular de la Defensoría del Pueblo justificó una hipotética medida extrema al abordar temas de coyuntura nacional.
De acuerdo con el documento presentado por la integrante de la bancada Juntos por el Perú, los argumentos vertidos por el funcionario resultan incompatibles con sus funciones constitutionales. La iniciativa fiscalizadora sostiene que un defensor del Pueblo no debe emitir pronunciamientos que evalúen o proyecten escenarios de confrontación entre poderes del Estado.
El defensor evaluó el impacto político sobre Keiko Fujimori
Las declaraciones que motivaron la presentación de la denuncia constitucional abordan el escenario de una disolución del Congreso de la República. Según lo manifestado por Josué Gutiérrez, la ejecución de dicha medida restrictiva tendría un efecto favorable directo en la proyección de la lideresa política Keiko Fujimori.
Gutiérrez sostuvo públicamente que un eventual cierre del Poder Legislativo aumentaría la popularidad de Keiko Fujimori en el contexto actual. La congresista denunciante consideró que esta afirmación constituye un favorecimiento político no permitido para el titular de un organismo autónomo, según lo reportó Canal N.
La solicitud del expediente alcanza la destitución e inhabilitación por 10 años
El documento formal ingresado al trámite parlamentario exige la aplicación de las máximas sanciones previstas para los altos funcionarios cometidos a juicio político. En el petitorio de la denuncia, la parlamentaria Márquez solicitó que el Congreso procese la destitución inmediata de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.
Asimismo, la denuncia constitucional presentada requiere que el Pleno del Congreso imponga a Gutiérrez una inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un lapso de 10 años. El procedimiento iniciado deberá ser evaluado primeramente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar su admisión a trámite.