Diputado de Juntos por el Perú no registró condena ante JNE
El parlamentario por Ucayali Oswar Cahuaza juramentó al cargo tras omitir en su declaración jurada una condena por uso de documento público falso, reveló Cuarto Poder
El diputado electo por Ucayali de la organización política Juntos por el Perú, Oswar Elbis Cahuaza Mitivire, juramentó a su cargo en el Parlamento tras omitir en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones una sentencia condenatoria firme por el delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso. De acuerdo con una investigación periodística de Cuarto Poder, el legislador omitió declarar esta resolución judicial firme en la plataforma electoral, lo que legalmente configuraba una causal directa de exclusión de la contienda electoral antes de la realización de los comicios.
El origen de la sanción penal contra el parlamentario se remonta al año 2010, cuando Oswar Cahuaza presentó un certificado de estudios falso atribuido a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali para adjudicarse una plaza docente de matemáticas en un concurso público convocado por la Dirección Regional de Educación de Ucayali. Según la sentencia judicial, la propia casa de estudios confirmó que el documento era apócrifo, precisando que las autoridades firmantes no ejercían funciones en la fecha consignada y que el postulante no se encontraba en el IV ciclo con 66 créditos aprobados, sino en el primer ciclo con apenas 6 créditos cursados.
La sentencia penal firme y la omisión en la declaración jurada
El Poder Judicial condenó en el año 2012 a Oswar Elbis Cahuaza Mitivire a 3 años de prisión suspendida bajo reglas de conducta e imposición de reparación civil por el delito de uso de documento público falso en agravio de la Dirección Regional de Educación de Ucayali. Tras los recursos de apelación presentados por la defensa del procesado, las instancias superiores ratificaron el fallo adverso, quedando la condena en calidad de cosa juzgada y firme tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia en el año 2017.
Pese a la existencia de la condena firme confirmada por la Corte Suprema, el candidato marcó el casillero "no tengo" en el rubro número 5 de la declaración jurada de hoja de vida requerida por el Jurado Nacional de Elecciones. La legislación electoral peruana establece expresamente que la no consignación deliberada de sentencias condenatorias por delitos dolosos constituye una falta grave que genera la exclusión automática del postulante durante la fiscalización del proceso electoral.
Al ser consultado sobre las razones por las cuales ocultó la condena judicial en su hoja de vida, Oswar Cahuaza declaró ante los medios que se trató de "cuestiones particulares" y sostuvo que su situación se encuentra actualmente saneada. En sus descargos por escrito presentados ante el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, el diputado argumentó que actuó bajo la convicción de que la información observada no correspondía ser incorporada en el rubro cuestionado atendiendo a su supuesta ambigüedad y situación jurídica.
El vencimiento de plazos y las acciones del Jurado Electoral Especial
El abogado y presidente del instituto Aklla Perú, José Tello, precisó que el diputado Oswar Cahuaza debió ser excluido del proceso electoral por omitir información de manera dolosa en su declaración jurada. Sin embargo, el especialista explicó que la sanción de exclusión no pudo ejecutarse debido a que la omisión no fue advertida ni resuelta antes de la fecha límite legal, fijada en 30 días previos a la jornada electoral del 12 de abril, plazo que venció el 13 de marzo.
Por su parte, el personero legal acreditado de Juntos por el Perú en la región Ucayali, Jorge Moreno, expresó el malestar de la agrupación política y solicitó formalmente que se deje sin efecto el nombramiento de Cahuaza al considerarlo un candidato inelegible. Moreno sostuvo que el parlamentario no representa legítimamente a la organización partidaria debido a que postuló en calidad de invitado y no como militante, e instó a las autoridades a asumir las acciones de control correspondientes.
Ante los hechos constatados, el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo remitió el expediente completo del caso al Ministerio Público para que proceda con las investigaciones penales respectivas. De acuerdo con el marco legal vigente, el legislador deberá afrontar una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, figura penal que sanciona la entrega de datos falsos a la autoridad electoral con penas que oscilan entre 1 y 4 años de privación de la libertad.
Los antecedentes del documento apócrifo y la votación obtenida
La investigación judicial determinó que el certificado de estudios adulterado le permitió a Oswar Cahuaza sumar 4 puntos en la evaluación del concurso público para el nombramiento de profesores en la carrera pública magisterial. Las diligencias del caso demostraron que el documento falsificado fue insertado deliberadamente en el tráfico jurídico para acceder a una plaza de maestro de escuela en la región Ucayali, hecho por el cual fue imputado y posteriormente sentenciado por los tribunales.
El abogado y presidente de la Defensoría del Vecino de Ucayali, Pablo Alejos, detalló que el expediente judicial ratifica la imposición de la pena de 3 años de prisión suspendida y la fijación de reglas de conducta que obligaban al hoy parlamentario a firmar mensualmente en el juzgado. Alejos remarcó que el procesado agotó todas las vías legales hasta recurrir a la Corte Suprema, instancia que en 2017 ratificó de forma definitiva su condición de condenado por delito contra la fe pública.
A pesar de los antecedentes judiciales y los cuestionamientos formulados por la representación legal de su propia agrupación política, Oswar Elbis Cahuaza Mitivire logró obtener una curul en la representación parlamentaria de Ucayali tras alcanzar un total de 3 mil 529 votos en los comicios. El legislador acudió a la sede del Congreso de la República para juramentar a su cargo parlamentario, mientras el Ministerio Público evalúa el inicio de las diligencias correspondientes por la presunta falsa declaración formulada ante el ente electoral.