Domingo Pérez pide suspender a jefe de control de Fiscalía
El fiscal José Domingo Pérez solicitó formalmente la suspensión temporal del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jeri, como medida cautelar en el marco de una investigación por presunta pertenencia a una organización criminal. El pedido fue dirigido a la fiscal de la Nación y al área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.
Jefe de control bajo sospecha
Fernández Jeri es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico y por su supuesta vinculación a una organización criminal al interior del Ministerio Público.
Esta red, según la solicitud fiscal, habría operado bajo el liderazgo de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, manipulando procesos disciplinarios, removiendo fiscales incómodos y favoreciendo a miembros de los llamados “Cuellos Blancos del Puerto”.
En el documento de Domingo Pérez se sostiene que permitir que Fernández Jeri continúe en funciones representaría un riesgo para la investigación penal en curso, ya que podría obstaculizar las diligencias, manipular evidencia o influir sobre testigos.
Argumentos legales y medida solicitada
El pedido de suspensión se basa en el artículo 298.1.b del Código Procesal Penal, que permite adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia de un proceso penal, evitar su entorpecimiento o prevenir la reiteración delictiva.
La solicitud subraya que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba han sido identificados como agraviados directos de esta red, tras haber sido blanco de presiones, hostigamiento y maniobras para frenar sus investigaciones.
Ambos cuentan actualmente con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), extendidas también a sus familiares.
Persistencia de una red activa
Uno de los fundamentos centrales del pedido es la supuesta "reiteración delictiva" dentro del Ministerio Público.
Según la argumentación fiscal, varios funcionarios que formarían parte del entorno de Patricia Benavides continúan en sus cargos, lo que implicaría que las prácticas delictivas denunciadas no han cesado.
En el documento se señala también que, durante la gestión de Benavides, se utilizó el poder institucional para proteger intereses particulares, interferir en nombramientos de fiscales y cerrar investigaciones sensibles.
La suspensión temporal de Fernández Jeri busca frenar esta supuesta continuidad delictiva.
El rol de la CIDH y la presión internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el riesgo que corren fiscales que investigan redes de corrupción en el Perú.
En ese marco, dictó medidas cautelares a favor de Pérez y Vela, solicitando al Estado adoptar acciones concretas para garantizar su seguridad y su labor como representantes del sistema de justicia.
El documento también refiere que estos fiscales han sido blanco de represalias sistemáticas por parte del entorno de Benavides y sus operadores, entre ellos Fernández Jeri, quien tendría el control del sistema disciplinario interno.
¿Qué sigue ahora?
El documento de José Domingo Pérez será evaluado por la Fiscalía de la Nación, instancia encargada de disponer la medida solicitada.
De acogerse el pedido, Fernández Jeri sería separado temporalmente del cargo, mientras continúan las investigaciones.
La medida también ha sido remitida al área especializada en denuncias constitucionales, debido a la jerarquía del funcionario involucrado y la gravedad de los hechos imputados.