Domingo Pérez: Villarán recibió 11 millones de dólares en aportes

El fiscal José Domingo Pérez presentó el alegato de apertura en el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco del caso peajes.

Según la acusación, Villarán y funcionarios de la Municipalidad de Lima habrían recibido aproximadamente 11 millones de dólares de empresas brasileñas a cambio de favorecer adendas en contratos de concesión.

Pérez sostuvo que hubo alrededor de 30 tratativas para firmar una adenda que extendió la concesión por diez años adicionales. De acuerdo con la fiscalía, ese acuerdo tuvo como único objetivo beneficiar a la empresa concesionaria, en contraprestación por los pagos ilícitos entregados.

Eventual reducción de pena

El fiscal recordó que Villarán ha reconocido públicamente que recibió aportes de campaña de Odebrecht y OAS. En ese sentido, indicó que lo “lógico” sería que también lo haga en sede judicial, lo cual podría significar una reducción de la pena si se admite responsabilidad.

Pérez señaló que este reconocimiento sería una muestra de congruencia frente a lo informado a la opinión pública y un paso hacia la redención de la exalcaldesa.

Obstáculos en la colaboración eficaz de exdirectivos

Durante su declaración, el fiscal criticó la actuación de las defensas de los exdirectivos brasileños Léo Pinheiro y Jorge Barata. Aseguró que el abogado César Nakazaki ha utilizado “artilugios legales” para retrasar la colaboración eficaz de Barata en este caso.

El representante del Ministerio Público instó a que Barata sea presentado ante la justicia peruana, incluso mediante una conexión virtual, para declarar sobre los pagos realizados a funcionarios de la Municipalidad de Lima.

Delitos en debate durante el juicio

Además de los presuntos sobornos, la fiscalía imputará a Villarán delitos como falsedad genérica y fraude en procesos administrativos, vinculados con la consulta de revocatoria y su campaña de reelección. Estos temas serán debatidos en las próximas sesiones del proceso.

Pérez insistió en que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes, incluyendo testimonios de colaboradores eficaces, peritajes de la Contraloría y testigos claves, para demostrar que los contratos y adendas fueron modificados de manera irregular en beneficio de las empresas brasileñas involucradas.