Eduardo Pérez Rocha: Ley que prohíbe dos en moto no reducirá el crimen

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, advirtió que la reciente ley que prohíbe la circulación de dos personas adultas en una motocicleta no tendrá un impacto real en la lucha contra el crimen.

En entrevista con Canal N, señaló que la medida es inaplicable debido al déficit de efectivos policiales y a la limitada capacidad operativa de la Policía de Tránsito.

Pérez Rocha indicó que solo los policías de Tránsito están autorizados a intervenir motocicletas por esta infracción, lo que restringe significativamente su fiscalización.

Además, subrayó que en Lima y Callao circulan aproximadamente dos millones de motocicletas, cifra que supera ampliamente la capacidad de control de las autoridades actuales.

Estado de emergencia sin mapas del delito ni coordinación

Respecto al estado de emergencia, el excomandante fue enfático al señalar su fracaso debido a la ausencia de planificación y articulación entre las instituciones involucradas.

Cuestionó que no se utilicen mapas del delito ni se coordine con los alcaldes distritales para determinar zonas críticas, como exige el propio decreto supremo.

Pérez Rocha también criticó que el Comando General de la Policía, encargado de liderar la ejecución del estado de emergencia, no coordina con los demás miembros del equipo integrado, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Comando Conjunto ni la Dirección de Inteligencia Nacional. Según sostuvo, no se cumplen las condiciones mínimas para ejecutar una intervención efectiva.

Déficit policial y debilitamiento institucional

Durante su intervención, Pérez Rocha recordó que la presidenta Dina Boluarte reconoció en 2023 que el país tenía un déficit de 70 mil efectivos policiales.

Denunció que muchas comisarías operan con solo la mitad del personal requerido y que el actual comando del Ministerio del Interior ha desarticulado las especialidades históricas de la PNP, reduciéndolas a solo dos: seguridad ciudadana e investigación criminal.

Esta reorganización, dijo, debilita el enfoque preventivo de la institución y afecta directamente su capacidad para enfrentar el delito en el territorio.

Promesas sin sustento y descoordinación multisectorial

Finalmente, el excomandante afirmó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo, como la Ley 32490 para compensar a empresas extorsionadas y un nuevo plan de seguridad ciudadana, no abordan la raíz del problema.

Señaló que ya existe un plan vigente aprobado en 2018 y que el Consejo Nacional de Política Criminal, encargado de articular a las principales entidades del sistema de justicia, no está operando.

Pérez Rocha reiteró que sin una correcta planificación, articulación y fortalecimiento institucional, las nuevas disposiciones no tendrán efecto en la reducción del crimen.