Ejecutivo declara estado de emergencia en zonas clave de Piura
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversas zonas del departamento de Piura, según el Decreto Supremo N° 146-2025-PCM publicado en el Diario El Peruano. La medida alcanza a distritos de las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, con el fin de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.
La disposición contempla la intervención de la Policía Nacional del Perú, que mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, en zonas de intervención determinadas por inteligencia, estadísticas y mapas del delito. Se restringen derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme a lo establecido en la Constitución.
Aplicación de restricciones y permisos especiales
Durante el estado de emergencia, las actividades masivas deben contar con permisos evaluados por las autoridades correspondientes. Se mantienen las competencias municipales sobre el uso de espacios públicos y espectáculos. Las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso previo.
La intervención de las fuerzas del orden se rige por los decretos legislativos sobre uso de la fuerza y protocolos para intervención en contextos de vulnerabilidad. Se aplicarán medidas en coordinación con diversas entidades estatales y regionales.
Conformación de comandos y comités operativos
Se establece en Sesión Permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Piura, a los comités provinciales de seguridad y al Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), junto con los Comités de Coordinación Distrital (CCD), Inteligencia (CI), Fiscalización (CF) y Comunicación Estratégica (CCE). Estas instancias deben constituirse en las primeras 24 horas.
El CCO es liderado por el jefe de la Región Policial Piura y coordina con autoridades judiciales, fiscales, locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil. Su misión es restablecer el orden interno y reducir la criminalidad. Dispone de fuerzas integradas y debe establecer un centro de coordinación operativo las 24 horas.
Funciones de los comités de apoyo
Los comités distritales establecen patrullajes y operativos. Las comisarías deberán triplicar acciones previstas. Los alcaldes provinciales actúan como enlaces políticos. El Comité de Inteligencia coordina acciones con apoyo de un equipo especializado y tecnología para vigilancia, incluyendo drones e imágenes satelitales.
El Comité de Fiscalización realiza operativos con participación de instituciones como Sunat, Migraciones y Reniec. Entre sus tareas figura la incautación de artículos ilegales, control de SIM y dispositivos móviles, y verificación de identidad. También participa en operativos contra mercados ilegales.
Control penitenciario y medidas especiales
El estado de emergencia contempla restricciones en los penales, como reducción de visitas y apagón eléctrico en celdas. Se realizarán operativos permanentes para incautar artículos prohibidos, con el apoyo del Ministerio Público y la Policía.
El INPE puede trasladar a internos por razones de seguridad y rotar a su personal según necesidad. Se intensifican inspecciones sobre inhibidores de señal en penales. También se prevé inteligencia penitenciaria y monitoreo aéreo.
Acciones de patrullaje y control territorial
Las fuerzas integradas ejecutan patrullajes a pie y motorizados en zonas estratégicas. Se instalan puestos de comando temporales con vehículos de presencia disuasiva. Se realizarán operativos de control de identidad, vehículos, armas y sustancias ilegales. MIGRACIONES intervendrá ante documentación fraudulenta o falsificada.
Las municipalidades deben recuperar espacios públicos vinculados a actividades criminales y mantenerlos libres de ocupación. También se coordina la expulsión de extranjeros bajo normativa vigente.
Coordinación interinstitucional y financiamiento
El Ministerio Público y el Poder Judicial deberán mejorar sus capacidades de respuesta. Se establecerán medidas de seguridad para fiscales y jueces, y se promoverá el uso de plataformas de denuncias virtuales.
El CCE coordina la estrategia comunicacional y difunde resultados oficiales. El estado de emergencia será financiado con recursos institucionales y adicionales, sujetos a disponibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.
Supervisión y entrega de resultados
El CCO debe informar periódicamente al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos y entregar un informe final al Poder Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial. El documento incluirá recomendaciones sobre el impacto de las acciones desarrolladas en las provincias y distritos involucrados.
El Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia por 60 días en varias provincias y distritos de Piura, incluyendo Piura, Sullana, Paita y Talara. La medida autoriza intervenciones especiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, restringe derechos constitucionales y establece múltiples comités de coordinación. Se ordena control penitenciario, acciones de inteligencia, operativos policiales, control territorial y fiscalización de mercados ilegales. También se implementan estrategias de comunicación oficial. El Gobierno destina presupuesto y recursos logísticos para ejecutar la medida. El Comando de Coordinación deberá entregar informes periódicos y finales al Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.