Erick Iriarte: “Instalar una oficina de Meta en Perú no garantiza agilizar pedidos de información”
Según el especialista, Perú cuenta desde hace cinco años con el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que permite establecer mecanismos de cooperación entre autoridades de distintos países. Sin embargo, consideró que el país todavía tiene tareas pendientes para fortalecer estos mecanismos
El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte señaló que la instalación de una oficina de Meta en Perú no necesariamente agilizaría los pedidos de información realizados por las autoridades para investigar casos de extorsión, sicariato y otros delitos cometidos mediante plataformas digitales.
En entrevista con Canal N, Iriarte explicó que Meta no es la única gran empresa tecnológica que no cuenta con una oficina formal en el país. También mencionó a Google, TikTok, X y otras compañías, y sostuvo que la ausencia de una sede local no impide que estas empresas cooperen con las investigaciones policiales y fiscales.
"No solamente no hay oficinas de meta, no hay oficinas formales de Google, no hay oficinas de TikTok, no hay oficinas de X, no hay oficina de la mayoría de las compañías de tecnología que utilizamos en nuestros dispositivos móviles. Y esto porque nuestro mercado es pequeño. Somos una operación económicamente pequeña para estas grandes transnacionales", manifestó.
"Y segundo, porque estas transnacionales han comenzado a colocar oficinas en aquellos países donde tienen más mercado primero, donde tienen mayor estabilidad jurídica, donde pueden seguir creciendo y donde tienen cooperación", agregó.
Según el especialista, Perú cuenta desde hace cinco años con el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que permite establecer mecanismos de cooperación entre autoridades de distintos países. Sin embargo, consideró que el país todavía tiene tareas pendientes para fortalecer estos mecanismos.
Pide fortalecer cooperación internacional
Iriarte sostuvo que, antes de exigir la instalación de oficinas de empresas tecnológicas, el Estado debe fortalecer su marco normativo y los mecanismos de cooperación internacional.
"El Perú recién hace cinco años se adhirió al convenio de Budapest, un convenio de cibercrimen a nivel global, que tiene enlaces 24-7 permanentes desde la fiscalía con la fiscalía de otros países, donde, por ejemplo, en Estados Unidos está Meta, está X, está Apple, están otras compañías", dijo.
"Tengan oficinas, es decir, no se trata solamente de colocar una oficina aquí, más hay prohibiciones en el Tratado de Libre Comercio de forzar que las empresas tengan oficinas en determinados países", sostuvo.
En ese sentido, señaló que el Congreso tiene pendiente aprobar acuerdos adicionales de cooperación reforzada en materia de ciberdelincuencia, los cuales permitirían agilizar el intercambio de información entre autoridades y compañías tecnológicas.
También cuestionó que Perú todavía no cuente con una normativa suficientemente desarrollada sobre informática forense, necesaria para fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos digitales.
“Entonces, antes de exigir la instalación de una oficina, deberíamos ordenar la casa y después, ese sería el último de los pasos, exigirle a cualquier empresa tecnológica que se instale en el Perú. No solamente el último de los pasos, sino generar un marco en el cual tengan una lógica de venir al mercado peruano. El mercado es, al final, el que rige la posibilidad, pero no quita que haya cooperación. Y esta cooperación ya se da”, señaló.
El especialista explicó que actualmente existen canales de cooperación que permiten a la Fiscalía y a la Policía Nacional realizar solicitudes de información. Estos mecanismos, indicó, han reducido los tiempos de respuesta, que anteriormente podían extenderse durante meses y actualmente pueden situarse, en determinados casos, entre 24 y 72 horas.
Advierte sobre uso de software de espionaje
Iriarte también se refirió a la posibilidad de que la Policía utilice herramientas como Pegasus para combatir las redes criminales. Advirtió que este tipo de tecnologías han sido cuestionadas internacionalmente por su potencial uso contra periodistas, opositores y otras personas.
El abogado remarcó que cualquier intervención de comunicaciones debe respetar las garantías constitucionales y contar con la participación de fiscales y jueces cuando corresponda.
Asimismo, diferenció las redes de comunicación, como WhatsApp y Telegram, de las redes sociales, como Facebook, TikTok, YouTube y X. Explicó que el secreto de las comunicaciones protege las conversaciones privadas y que su intervención requiere autorización judicial.
Pide una política nacional de ciberseguridad
Iriarte consideró que la lucha contra la extorsión y el sicariato digital no debe centrarse únicamente en la instalación de determinadas herramientas tecnológicas. A su juicio, el país necesita una política nacional de ciberseguridad, una política contra el cibercrimen y una estrategia de ciberdefensa que permitan articular el trabajo del Ejecutivo, el Congreso, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Finalmente, cuestionó que desde el Congreso se planteen iniciativas que podrían afectar la libertad de expresión o promover el uso indiscriminado de herramientas de vigilancia. Sostuvo que la respuesta frente al crimen debe buscar un equilibrio entre la eficacia de las investigaciones y la protección de los derechos fundamentales.