El analista político y constitucionalista Erick Urbina aseguró que el Tribunal Constitucional no puede modificar el cronograma electoral ni revertir la proclamación de candidatos realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que este organismo descartara una auditoría internacional sobre el proceso electoral.

En entrevista con Canal N, Urbina explicó que la Constitución otorga al JNE competencias “exclusivas y excluyentes” en materia electoral, por lo que las decisiones vinculadas al calendario y proclamación de resultados son inapelables.

“El Tribunal Constitucional se rige bajo el principio de intangibilidad del calendario electoral. Si el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó a los candidatos que pasan a segunda vuelta y fijó una fecha, eso se va a dar”, sostuvo.

Reclamos de Rafael López Aliaga

Las declaraciones surgen luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentara una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional cuestionando los resultados electorales y solicitando acciones vinculadas al proceso.

Sin embargo, Urbina indicó que, aunque el malestar del líder político es entendible, ello no implica que el Tribunal Constitucional pueda alterar el desarrollo de las elecciones.

“Seguramente obtendrá respuesta tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, pero no se puede cambiar el calendario electoral”, precisó.

Debate presidencial no es obligatorio

El especialista también señaló que la ley no obliga a los candidatos presidenciales a participar en debates durante la campaña de segunda vuelta. No obstante, consideró importante que se realicen encuentros entre candidatos, equipos técnicos y vicepresidentes para que la ciudadanía conozca mejor sus propuestas.

“Lo ideal serían tres debates: entre equipos técnicos, vicepresidentes y candidatos presidenciales. Pero si uno de ellos decide no participar, no existe obligación legal”, indicó.

Cuestionamientos y legitimidad

Sobre la polémica generada por la falta de una auditoría internacional, Urbina reconoció que existe preocupación en parte de la ciudadanía respecto a la transparencia del proceso.

Aun así, sostuvo que la legitimidad final del próximo gobierno dependerá del respaldo ciudadano expresado en las urnas y del reconocimiento de los resultados.

“El candidato que gane tendrá que convencer a una población donde más del 70% no votó inicialmente por ninguno de los dos postulantes”, manifestó.

Finalmente, el constitucionalista afirmó que será clave que ambos candidatos se comprometan públicamente a respetar los resultados oficiales que proclame el Jurado Nacional de Elecciones tras la segunda vuelta presidencial.