Especialista advierte irregularidades en obra de S/ 192 millones para penal de Arequipa
Marco Montoya, especialista en contrataciones del Estado, señala observaciones en el proceso de selección realizado por el INPE y alerta sobre posibles consecuencias legales si se revisa el contrato ya firmado
El abogado especialista en contrataciones del Estado, Marco Montoya, advirtió una serie de presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) adjudicó la ampliación del penal de Arequipa por más de S/ 192 millones, caso revelado en el reportaje de Cuarto Poder que cuestiona la existencia formal del consorcio ganador ante la Sunat.
En entrevista con Canal N, el especialista explicó que el proyecto tiene antecedentes que se remontan al año 2018, cuando se inició el proceso de contratación original. Sin embargo, el contrato fue resuelto en 2021 y posteriormente se intentó reactivar la obra al amparo de la Ley de Reactivación de Obras Públicas Paralizadas.
Según detalló, esta norma permite retomar proyectos mediante mecanismos más ágiles de contratación. En este caso, el Ministerio de Justicia, a través del INPE, optó por una contratación directa durante el año 2025, procedimiento que calificó como “rápido y expreso”.
“El 15 de diciembre del año pasado se invitó a participar y antes de finalizar el año ya estaba adjudicado el proceso”, indicó Montoya.
"Hay que buscar empresas que cumplan, que sean eficientes, que no vayamos a tener otra vez el problema de resolver. Y ese es un gran problema que tenemos de la idoneidad y la capacidad moral, técnica de estas empresas que han participado en consorcios", continuó.
Observaciones al proceso
El especialista sostuvo que una de las primeras observaciones detectadas se relaciona con la documentación que sustentó la aprobación de la contratación. “Los informes que respaldan la resolución de adjudicación no coinciden con la información publicada en el sistema electrónico de contrataciones del Estado”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la idoneidad de las empresas que integraron el consorcio ganador. Explicó que algunas de las compañías participantes registraron sanciones previas impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. “Han existido inhabilitaciones por documentos falsos o inexactos, que son consideradas entre las sanciones más graves dentro del sistema de contrataciones públicas”, señaló.
Montoya sostuvo que, en procesos de reactivación de obras paralizadas, el Estado debería priorizar la selección de empresas con solvencia técnica, económica y antecedentes favorables para evitar nuevos incumplimientos contractuales.
Advertencias del OSCE
El abogado también reveló que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió observaciones al procedimiento en mayo de 2026.
De acuerdo con su explicación, la entidad supervisora detectó inconsistencias relacionadas con la información publicada durante el proceso de contratación, incluyendo costos, cotizaciones, memorias de cálculo y otros documentos técnicos.
“El OSCE señaló que algunos aspectos no estaban claros ni adecuadamente publicados, aunque el proceso continuó y el contrato fue suscrito”, precisó.
Posibles consecuencias
Montoya advirtió que cualquier revisión o eventual cuestionamiento del contrato podría generar controversias legales para el Estado debido a que la adjudicación ya fue formalizada y la ejecución de la obra habría comenzado.
“Si se pretende revisar o cuestionar la validez del contrato, es muy probable que el caso termine en un arbitraje, con eventuales repercusiones económicas para el Estado peruano”, explicó.
Finalmente, exhortó a las autoridades a reforzar la supervisión de los procesos de contratación que se vienen acelerando en el marco de la reactivación de obras paralizadas.
“Hay que prestar especial atención a estos contratos exprés, sobre todo en periodos de transición gubernamental”, concluyó.