Especialista cuestiona propuestas mineras de Roberto Sánchez y advierte riesgos para la formalización
César Ipenza sostuvo que varias medidas planteadas por Juntos por el Perú podrían profundizar los problemas de la minería informal y generar inseguridad jurídica
El especialista en temas mineros y ambientales, César Ipenza, expresó su preocupación por varias de las propuestas planteadas por el candidato presidencial Roberto Sánchez respecto a la minería artesanal y de pequeña escala, al considerar que podrían agravar los problemas de informalidad que enfrenta el sector.
En entrevista con Canal N, Ipenza cuestionó especialmente la intención de convertir el proceso de formalización minera en un mecanismo permanente. “Ya llevamos 24 años de existencia de este proceso de formalización que se supone que es extraordinario. La regla general debería ser primero cumplir la ley y luego operar”, afirmó.
El especialista señaló que el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea ampliar los límites operativos para los pequeños mineros y mantener mecanismos que, según indicó, ya han demostrado limitaciones.
También cuestionó la propuesta de implementar servidumbres mineras para facilitar el acceso a concesiones y la posibilidad de revisar concesiones consideradas ociosas. A su juicio, varias de estas medidas generarían incertidumbre sobre la estabilidad jurídica del sector.
Asimismo, mostró preocupación por la propuesta de impulsar cooperativas mineras, al considerar que podría replicar experiencias observadas en otros países como Bolivia, donde, según explicó, grandes operadores terminan funcionando bajo regímenes diseñados para pequeños productores.
Diferencias con Fuerza Popular
Al comparar ambas propuestas electorales, Ipenza sostuvo que el planteamiento de Keiko Fujimori mantiene el modelo actual de participación privada con un Estado fiscalizador.
No obstante, advirtió que ello solo será efectivo si se fortalece la capacidad técnica y la independencia de las entidades encargadas de supervisar la actividad minera. “El problema no es solamente la norma. Muchas veces el marco jurídico ya existe, pero no se aplica adecuadamente”, señaló.
Cuestionamientos al sistema de formalización
Ipenza recordó que actualmente los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) cuentan con beneficios excepcionales mientras culminan su proceso de formalización.
Sin embargo, consideró que las sucesivas ampliaciones del mecanismo han terminado generando impunidad y debilitando los controles estatales. Según explicó, existen casos de operadores que se presentan como pequeños mineros, pero desarrollan actividades de gran escala aprovechando las ventajas otorgadas por este régimen especial.
Falta de recursos para combatir la minería ilegal
El especialista también cuestionó la falta de presupuesto destinado a las entidades encargadas de combatir la minería ilegal.
Indicó que las fiscalías especializadas en materia ambiental no cuentan con los recursos suficientes para ejecutar acciones de interdicción y control. “Sin fiscalías especializadas no puede haber interdicción. La Policía y la Marina actúan junto con la Fiscalía”, explicó.
Finalmente, sostuvo que el principal desafío no pasa necesariamente por crear nuevas normas, sino por garantizar que las reglas existentes se cumplan efectivamente y que el Estado cuente con la capacidad operativa necesaria para supervisar la actividad minera y enfrentar la minería ilegal.