Exfiscal ratifica acusación de prisión contra Roberto Sánchez
El exfiscal Gerardo Chávez ratificó el requerimiento acusatorio que solicita una pena de 5 años y 4 meses de prisión contra el parlamentario y candidato Roberto Sánchez. La medida responde a una investigación penal por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con las declaraciones del exmagistrado, el Ministerio Público concluyó las etapas de investigación preliminar y preparatoria para dar paso a la fase del juicio oral.
El proceso legal contra el investigado Sánchez inició formalmente antes de que asumiera sus funciones como Congresista de la República. Según los registros oficiales de la fiscalía, las indagaciones estuvieron a cargo del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Lima-Breña-Rímac y Jesús María. El exfiscal Chávez permaneció de forma directa como responsable de la conducción de esta carpeta fiscal durante un periodo aproximado de 3 años hasta enero del presente año.
El origen de la investigación fiscal contra Roberto Sánchez
La investigación fiscal se originó tras detectar irregularidades financieras en las declaraciones presentadas ante los organismos del Estado. Según la información brindada por el exfiscal Gerardo Chávez a Canal N, el partido Juntos por el Perú declaró inicialmente un monto de cero aportes en sus informes oficiales. Sin embargo, las auditorías fiscales detectaron ingresos económicos que ascienden a un total de 280 000 soles dentro de las cuentas bancarias del ciudadano William Sánchez.
Las autoridades del Ministerio Público ejecutaron el levantamiento del secreto bancario para determinar la procedencia de los recursos económicos bajo sospecha. El procesamiento de los datos financieros corroboró la existencia de transferencias monetarias procedentes de diversas regiones del territorio peruano. De acuerdo con el requerimiento de la fiscalía, estos depósitos fueron realizados por ciudadanos que postularon como candidatos del partido político durante los procesos electorales de los años 2018 y 2020.
Los delitos vigentes contra Sánchez en el Poder Judicial
El magistrado del Poder Judicial resolvió el archivamiento definitivo del presunto delito de fraude en la administración de las personas jurídicas políticas. Esta decisión judicial adquirió la condición de cosa juzgada tras la presentación de un recurso legal por parte de la defensa técnica del investigado Roberto Sánchez. Según la postura del exfiscal a cargo, esta resolución judicial generó una dilación de casi dos años en el desarrollo regular del proceso penal.
A pesar del archivo de dicho cargo, el candidato de Juntos por el Perú mantiene vigentes dos imputaciones penales en los tribunales del país. El proceso continúa por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes. De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades judiciales, la fecha para el inicio de las sesiones de juicio oral quedó programada para el año 2025.
La desaparición de libros contables y la próxima audiencia judicial
La fiscalía solicitó formalmente a la organización política la entrega completa de los libros contables vinculados a las actividades partidarias regulares. Según las actas fiscales de la investigación, la documentación correspondiente a los periodos anuales de 2018 y 2020 se entregó de manera parcial. Los encargados de las finanzas, William Sánchez y la tesorera Luzmila Ayay, presentaron una denuncia oficial que argumentaba la sustracción o pérdida de los documentos contables restantes.
El Poder Judicial programó una audiencia especial para el próximo 27 de mayo con el objetivo de evaluar el estado de la acusación fiscal subsanada. Según el ex fiscal del caso, el juez a cargo de la causa penal cuenta con las facultades legales para disponer el pase directo a la etapa de juicio oral. La resolución de esta audiencia determinará la continuidad del proceso legal y la situación jurídica del parlamentario en los tribunales correspondientes.