Exprocurador advierte presunta organización criminal tras denuncia contra congresista Francis Paredes
Javier Pacheco, exprocurador general de Estado y anticorrupción, señaló que Fiscalía deberá levantar secretos bancarios y verificar contratos vinculados a presuntos “diezmos”
El exprocurador general del Estado y exprocurador anticorrupción, Javier Pacheco, sostuvo que la investigación fiscal contra la congresista Francis Paredes por presuntos cobros ilícitos y “diezmos” evidenciaría la posible existencia de una organización criminal con distribución de roles dentro de entidades públicas en Ucayali.
En entrevista con Canal N, Pacheco explicó que, según la teoría fiscal, la presunta red habría surgido tras reuniones sostenidas en julio de 2021 entre congresistas y el entonces presidente Pedro Castillo, con el objetivo de controlar instituciones estatales en distintas regiones del país.
“Cuando participan funcionarios casi siempre se concreta una organización criminal y existe distribución de roles”, afirmó. Según detalló, la investigación apunta a que la parlamentaria habría tenido influencia en designaciones dentro del INPE, el Ministerio de Cultura y EsSalud en su región.
De acuerdo con las pesquisas, personas cercanas a ella habrían recibido dinero proveniente de presuntos cobros ilegales vinculados a contrataciones y adjudicaciones.
Pacheco señaló que uno de los casos más graves estaría relacionado con un contrato de más de 20 millones de soles para transporte aéreo de pacientes, adjudicado presuntamente tras la designación de funcionarios afines. Según el relato recogido por la Fiscalía, se habría entregado un “diezmo” de aproximadamente 2 millones de soles a la presunta red.
Fiscalía deberá identificar transferencias, levantamiento y movimientos económicos
El exprocurador indicó que la Fiscalía deberá verificar transferencias financieras, levantamiento del secreto bancario y movimientos económicos para determinar si existieron pagos ilícitos y posibles actos de lavado de activos.
Asimismo, explicó que los delitos investigados podrían incluir organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y negociación incompatible.
“Estamos hablando en principio del delito de organización criminal con penas de 15 a 20 años. También corrupción agravada, cohecho y tráfico de influencias”, indicó.
Respecto al caso de un presunto intermediario identificado como Barbarán, actualmente vinculado a labores ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Pacheco sostuvo que no tendría protección especial frente a un eventual proceso de extradición.
"Esta persona no gozaba de ningún tipo de aforo. En consecuencia, el Ministerio pudo inmediatamente, de concretado los elementos de convicción, poder pedir una extradición. Y eso, digamos, sería viable, no tendría ningún tipo de protección ni aforo a una de los hechos. Habrá que tomar como un elemento indicial adicional, si como contraprestación de la ejecución de este tipo de acciones, él como contrapago, propuesta, habría recibido como un premio el irse a trabajar al extranjero, porque normalmente en estos cargos son de designación a propuesta de país", manifestó.
Posibles penas para la congresista
Este delito tiene penas desde 15 a 20 años. Luego tenemos corrupción agravada entre 6 a 15 años, cohecho pasivo propio entre 6 a 10 años. También hay un tráfico de influencias agravado entre 4 a 8 años y no descartemos que también haya existido negociación incompatible, sobre todo en el caso del Ministerio de Cultura, al momento de efectuar la designación del funcionario, quien no consiguió consolidar una unidad ejecutora para poder manejar presupuestos.
Finalmente, advirtió que el avance del caso en el Congreso dependerá de la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aunque reconoció que existe preocupación por posibles retrasos o intentos de blindaje político.