Exprocurador Antonio Maldonado criticó que la Corte Suprema concluya que protestas violentas sean un delito
El exintergrante de la Procuraduría Anticorrupción advirtió que decisión sentará un precedente y que podría ser revocada ante el Tribunal Constitucional
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado cuestionó la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema que las protestas violentas, que impliquen ataques a personas y propiedades públicas y privadas, son delitos y no están amparados por la Constitución.
"Aqui vemos que la decisión de la Corte Suprema vulnera otra norma convencional que contiene los principios de interpretación de la Convención Americana sobre los derechos humanos (...) y aquí vemos se está haciendo una interpretación restrictiva del ejercicio de estos derechos", indicó en entrevista a Octavo Mandamiento.
El exintegrante de la Procuraduría Anticorrupción, además, explicó que el fallo judicial corresponde a un recurso de casación interpuesto por cuatro personas que, en el año 2019, fueron condenadas por el delito contra la seguridad pública al bloquear la carretera de acceso hacia la mina Las Bambas, en Apurímac.
"Hay que expresar una seria preocupación por esta decisión que está en el ámbito de una resolución casatoria, es decir, va a sentar una línea jurisprudencial en otros casos. Es preocupante porque se estaría haciendo una interpretación muy literal y sesgada del ordenamiento jurídico constitucional", señaló.
El especialista indicó que esta decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sentará un precedente para otros casos como los ocurridos durante las protestas de diciembre de 2022 y los primeros meses de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.
"Se consagra que varios derechos estarían siendo lesionados por esta interpretación casatoria. Por ejemplo, respecto a la Convención Americana, el derecho a reunión, a participación política, a libertad de expresión y opinión", señaló.
Finalmente, el exprocurador Maldonado recordó que, en el 2020, el Tribunal Constitucional "consagró la legalidad y la legitimidad al derecho a la protesta. Por tanto, no entiendo cómo se armoniza esta decisión casatoria con esta decisión constitucional".