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Familiares de 33 congresistas podrán contratar con el Estado

José Luna Gálvez, Kelly Portalatino y Edgar Tello entre los congresistas con familiares beneficiados.

Foto y video: Canal N

Son 39 los familiares de un total de 33 congresistas registran contratos con el Estado, a pesar de que la ley lo prohibía. Esto se desprende de los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de las declaraciones juradas de intereses de los propios parlamentarios.

Pero, desde este 22 de abril, ya no hay restricción para que cónyuges, padres, hijos, hermanos, cuñados, suegros y otros parientes de legisladores, hasta el segundo grado, puedan trabajar o contratar con entidades públicas, excepto con el Congreso.

Fuente: Canal N

Esto, debido a que ya entró en vigencia la modificación de la Ley de Contrataciones que lo impedía y que fue aprobada por los propios parlamentarios en mayo del año pasado.

“Ahora les abre el candado y los parientes de los congresistas van a poder contratar con gobiernos regionales, con municipalidades, con ministerios”, señaló Roberto Benavides, especialista en contrataciones del Estado.

Pese al impedimento legal, que dejó de estar vigente, en determinados casos como los de algunos familiares de los congresistas Américo Gonza, Luis Picón y Roberto Chiabra, seguían contratando con el Estado amparados en medidas cautelares otorgadas por el Poder Judicial.

Fuente: Canal N

Otros casos de parientes que ya no tendrán prohibición de contratar con entidades públicas son la cuñada del legislador Víctor Cutipa, el hermano de la parlamentaria Kira Alcarraz y las hermanas del congresista Edgar Tello, quienes obtuvieron contratos con el Estado después de que ellos alcanzaran una curul.

Lo mismo, un hermano del congresista José Luna Gálvez, quien entre el 2023 y 2024 facturó al Estado 54 mil soles. Además, dos familiares de la parlamentaria Kelly Portalatino, quienes, como accionistas de una empresa, firmaron un contrato de 138 mil soles con una municipalidad de Arequipa en 2024.

Pero, la pregunta que hoy se hacen algunos es cómo vigilar o fiscalizar que esta modificación no sea utilizada en prebendas políticas o pago de favores. Hecha la ley, hecho el cambio.

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