Fiscal Juárez descarta venganza contra expdte. Martín Vizcarra
El fiscal Germán Juárez Atoche negó que la sentencia de 14 años de prisión contra Martín Vizcarra responda a una venganza de empresarios del sector construcción. En entrevista con Canal N, el integrante del Equipo Especial Lava Jato explicó que el origen de la investigación no estuvo en denuncias del expresidente, sino en una delación del exejecutivo de Odebrecht, Renato Ribeiro Bortoletti, quien reveló la existencia del denominado "Club de la Construcción".
Juárez precisó que los testimonios de los colaboradores eficaces fueron posteriormente corroborados con documentación, registros de llamadas y correos electrónicos, lo que permitió sustentar la imputación por cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Pruebas clave fueron corroboradas por documentos
Según el fiscal, las declaraciones de los exejecutivos de Obrainsa, ICCGSA y el exministro José Hernández Calderón coinciden en los elementos fundamentales de la acusación. Una de las pruebas más relevantes fue el alquiler de una avioneta pagada por Obrainsa, con factura incluida, cuya solicitud fue hecha por Vizcarra a través de una secretaria del empresario Elard Tejeda.
Además, señaló que el levantamiento del secreto de las comunicaciones reveló coincidencias entre las llamadas de Vizcarra y los empresarios implicados durante fechas claves del proceso de licitación. “No hemos llegado a usar pruebas indirectas. Aquí hay pruebas directas”, aseguró Juárez.
Colaboradores delataron más que solo a Vizcarra
Durante la entrevista, el fiscal indicó que los colaboradores eficaces no solo implicaron al expresidente, sino que también informaron sobre actos de corrupción en Ayacucho y otras licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En su testimonio, Elard Tejeda, exejecutivo de Obrainsa, habría revelado diversos actos ilícitos al acogerse a la colaboración eficaz desde una clínica, mientras cumplía prisión preventiva.
Juárez sostuvo que los delatores estaban en proceso de colaboración antes de mencionar a Vizcarra y que su motivación no fue política, sino evitar sanciones mayores. “Si se llegaba a descubrir que ocultaban información, su colaboración se caía”, explicó.
Defensa de Vizcarra no tendría margen en apelación
Respecto al anuncio de apelación por parte de la defensa del expresidente, Juárez consideró que no tendría posibilidades de revertir la condena. “Los cargos son sólidos y la prueba es abundante”, señaló. Agregó que los colaboradores fueron interrogados en juicio y ratificaron la entrega de dinero, reforzada con documentación oficial.
El fiscal reiteró que los elementos probatorios superan el estándar típico de los delitos de corrupción, que usualmente requieren inferencias a partir de indicios. En este caso, precisó, existen “correos, llamadas, facturas y confesiones” que validan la sentencia.
Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
Martín Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional a 14 años de prisión. Se le atribuye haber solicitado S/ 2.3 millones en sobornos a cambio de la adjudicación de las obras de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.
Por Lomas de Ilo, el tribunal determinó que Vizcarra exigió el 2% del valor del contrato al consorcio liderado por Obrainsa. En el caso del hospital, la Fiscalía acreditó un pago de S/ 1.3 millones para favorecer al consorcio conformado por ICCGSA e INCOT.
El papel de medios y seguimiento del caso
Juárez recordó que parte de la presión para que los empresarios colaboren provino de investigaciones periodísticas. Mencionó que la periodista Graciela Villasís, por entonces jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, comenzó a indagar sobre el alquiler de la avioneta, hecho que coincidía con sus pesquisas. A partir de ello, los implicados decidieron revelar toda la información en su poder, con respaldo documental.
Aseguró que este proceso fue acompañado por verificaciones técnicas y que el Equipo Especial ha mantenido una línea independiente de cualquier presión política o mediática.
El origen del caso y los vínculos con Lava Jato
El caso se deriva de la investigación general del Club de la Construcción, iniciada en 2020 por el Equipo Especial Lava Jato. La Fiscalía abrió instrucción contra Vizcarra, entonces exgobernador de Moquegua, y exdirectivos de constructoras por colusión agravada, cohecho pasivo y asociación ilícita.
En diciembre de 2022, se formalizó la acusación con más de 800 folios. La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión, que fue finalmente fijada por el Poder Judicial en 14 años.
El fiscal Germán Juárez negó que exista una venganza política en la condena contra Martín Vizcarra. Sostuvo que la acusación surgió a partir de una delación del caso Odebrecht y no por iniciativa del exmandatario. Indicó que los testimonios de colaboradores fueron corroborados con documentos, llamadas y facturas, y que también implican actos de corrupción en Ayacucho y otras licitaciones. Juárez aseguró que las pruebas contra Vizcarra son directas y no indiciarias. Consideró improbable que la apelación prospere, dado que el fallo se basa en evidencia verificable. Reafirmó que el caso se llevó con independencia.