Fiscalía acusa a José Luna de encabezar organización criminal
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el congresista José Luna Gálvez y otros 16 coimputados por presuntamente integrar una organización criminal que captó ilegalmente organismos electorales del Estado. El objetivo de esta red habría sido facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú, actualmente conocido como Podemos Perú.
De acuerdo con la acusación fiscal, la red habría operado infiltrando instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas acciones habrían permitido a José Luna inscribir a su partido de manera irregular, eludiendo los controles legales establecidos.
La Fiscalía sostiene que el accionar de esta organización vulneró la integridad del sistema democrático, al manipular organismos claves para los procesos electorales.
Otros implicados y solicitud de medidas restrictivas
Además de José Luna Gálvez, también han sido incluidos en la acusación su hijo, José Luna Morales, y otros exfuncionarios vinculados a los procesos de inscripción del partido. La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que se imponga una medida de impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses tanto para Luna Gálvez como para su hijo.
La audiencia para evaluar esta solicitud se realizará el próximo 22 de julio a las 11:00 a.m. en el Poder Judicial. La medida busca asegurar la presencia de los acusados durante el desarrollo del proceso penal y evitar posibles riesgos de fuga.
El caso representa uno de los procesos judiciales más delicados en torno a la legalidad de la inscripción de partidos políticos en el Perú en los últimos años.
Implicancias políticas y judiciales
Este nuevo proceso penal contra José Luna Gálvez se suma a otros antecedentes que han marcado su trayectoria política. Aunque mantiene su escaño en el Congreso, la acusación fiscal podría tener repercusiones institucionales y legales si el Poder Judicial admite la causa y avanza hacia el juicio oral.
El caso revive cuestionamientos sobre los mecanismos de control en la inscripción de partidos políticos y sobre el papel de organismos electorales que deberían actuar con absoluta independencia.
Mientras tanto, el congresista no ha emitido un pronunciamiento oficial tras la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. Se espera que en los próximos días se conozcan sus descargos ante la opinión pública y las autoridades judiciales.