Fiscalía amplía investigación contra Piero Corvetto
El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitió la Disposición 9-2026, mediante la cual dispuso ampliar por ocho meses la investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas. Las autoridades fiscales investigan la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros ilícitos penales cometidos en agravio del Estado peruano. Según indicaron fuentes oficiales, la medida alcanza también a diversos altos funcionarios corporativos y representantes del sector empresarial.
La hipótesis del Ministerio Público se centra en la presunta concertación ilegal y direccionamiento durante el proceso de licitación pública del "Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional" para las Elecciones Generales 2026. El personal fiscal a cargo del caso detectó serias irregularidades operativas en la adjudicación de la buena pro, un proyecto logístico que involucra un presupuesto estimado de S/ 2,229,401.49. La policía informó que se vienen recopilando las actas de control interno respecto a las fases de selección y ejecución del material electoral.
La investigación determinó que la empresa de transportes Servicios Generales GALAGA SAC obtuvo la buena pro del servicio de carga aérea y terrestre a pesar de haber presentado presunta información falsa sobre su capacidad operativa real. Según precisó el despacho fiscal, la compañía declaró formalmente una lista con 70 conductores aptos, pero las planillas oficiales demostraron que solo disponía de 33 trabajadores. Las auditorías técnicas señalaron la falta de idoneidad en las declaraciones presentadas ante los comités de selección.
¿Qué diligencias y medidas restrictivas programó el Ministerio Público?
El Despacho Fiscal ordenó tramitar ante las instancias judiciales correspondientes el requerimiento para el levantamiento del secreto bancario y de la reserva de las comunicaciones de todos los implicados en el proceso penal. Esta medida intrincada incluye directamente al jefe del organismo electoral, Piero Corvetto Salinas, así como a los investigados Samamé, Phang, Alvarado, Otoya, García y Flores. Las autoridades judiciales informaron que el periodo bajo análisis financiero y de redes abarca los años correspondientes al 2025 y 2026.
Asimismo, la disposición fiscal encomendó a la DIVIDCAP de la DIRCOCOR-PNP la ejecución de un cronograma de diligencias operativas urgentes en un plazo perentorio de 90 días calendarios. Para este jueves 28 de mayo del 2026, las autoridades programaron la diligencia de verificación y visualización de las cámaras de videovigilancia de la sede institucional de Lurín. La policía informó que se registrarán minuciosamente los ingresos y las salidas vehiculares de unidades de carga correspondientes al mes de abril.
Posteriormente, el viernes 29 de mayo del 2026, el personal del Ministerio Público acudirá a la Sede Central de la ONPE, ubicada en el Jirón Washington del Cercado de Lima. En dicha instalación pública se realizará una diligencia de exhibición de documentos oficiales, copias de expedientes administrativos y archivos de audio de reuniones técnicas grabadas en febrero del presente año. El Ministerio Público ofició con carácter de muy urgente a la jefatura de la institución para brindar facilidades inmediatas bajo responsabilidad penal.
¿Cuáles son las evidencias principales reunidas por la fiscalía?
Los elementos de convicción acumulados por el despacho anticorrupción incluyen registros fotográficos y capturas de pantalla de chats de mensajería celular que sugieren coordinaciones previas ilícitas entre funcionarios y empresarios. Fuentes oficiales señalaron que el expediente incorpora de forma complementaria los informes de visita de control número 054-2026-OCI y 072-2026-OCI emitidos por la Contraloría General de la República. Dichas auditorías previas detectaron deficiencias materiales insubsanables durante la fase de perfeccionamiento contractual.
La fiscalía ordenó la realización inmediata de una pericia especializada en contrataciones del Estado para evaluar técnicamente el apartamiento de las normativas vigentes en el país por parte de la ONPE. De igual manera, los peritos contables financieros del Ministerio Público iniciarán las evaluaciones correspondientes para establecer la existencia y cuantía exacta del perjuicio patrimonial infligido al erario público. Los dispositivos electrónicos y unidades USB incautados serán sometidos a un análisis digital forense integral.
El cronograma del caso incluye recibir las declaraciones testimoniales de los choferes que operaron en Lima y Callao, así como de los ciudadanos Milagros Arpe Villasante y Lucky Mogollón Arancibia. Las autoridades indagarán sobre las comunicaciones secretas sostenidas con el personal del organismo encargado de organizar los comicios generales. El Ministerio Público concluyó que existen indicios reveladores y concurrentes de una presunta concertación que amerita la ampliación de la investigación.