Fiscalía apela e insiste en pedido de detención a Piero Corvetto
El recurso del Ministerio Público busca revertir la decisión que también favoreció a dos exfuncionarios y al representante de la empresa Galaga SAC tras las irregularidades del 12 de abril.
El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que rechazó dictar detención preliminar por siete días para el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. La fiscalía busca revertir la decisión del 2º Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró infundada la medida privativa de la libertad solicitada inicialmente.
La investigación contra Corvetto se centra en las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril. El Ministerio Público sostiene que, a pesar de que el investigado ya no ocupa la jefatura del organismo electoral, persisten riesgos procesales que justifican una detención preventiva en esta etapa de las indagaciones fiscales.
Investigados incluidos en el recurso de apelación fiscal
El recurso presentado por la fiscalía no solo alcanza a Piero Corvetto, sino que incluye a los exfuncionarios José Edilberto Samamé y Juan Antonio Phang Sánchez. Según el documento fiscal, estos exservidores de la ONPE estarían involucrados en las acciones bajo sospecha ocurridas durante la reciente jornada de votación a nivel nacional.
Asimismo, la apelación comprende a Juan Chávez Alvarado Fuyo, quien es el representante de la empresa Gálaga SAC. La fiscalía considera que todos los implicados deben ser sometidos a la medida de detención para asegurar el éxito de las diligencias, pese a que la primera instancia judicial desestimó los argumentos del fiscal de la Nación.
Delitos imputados y alcance de la investigación preparatoria
A todos los investigados, incluido el exjefe de la ONPE Piero Corvetto, se les atribuye la presunta comisión del delito de colusión agravada. Además, la fiscalía les imputa omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, cargos vinculados directamente a la gestión del proceso electoral que ha sido cuestionado por diversos sectores.
El Ministerio Público también apeló el rechazo al pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones para los implicados. La fiscalía considera que esta medida es vital para encontrar pruebas sobre la presunta concertación entre funcionarios públicos y representantes de la empresa privada Gálaga SAC durante el desarrollo de los comicios de abril.
Argumentos de la fiscalía sobre el peligro de fuga
La fiscalía alega que existe una cierta posibilidad de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad por parte de Piero Corvetto. En esa línea, los fiscales señalan que la renuncia del exjefe al organismo electoral no implica la desaparición automática del riesgo procesal que amerita una medida de detención preliminar inmediata.
Para el Ministerio Público, el riesgo de entorpecimiento sigue vigente mientras no se recabe toda la información necesaria sobre los contratos y procesos de la ONPE. La fiscalía insiste en que la gravedad de los delitos imputados a Corvetto y sus coimplicados requiere una vigilancia judicial más estricta para evitar que se evadan de la acción de la justicia.
Postura del juez Manuel Chuyo sobre el vínculo funcional
El juez Manuel Chuyo señaló en su resolución que la inexistencia de vínculo funcional de los investigados constituye un dato objetivo relevante. Según el magistrado, al estar Piero Corvetto y los demás funcionarios fuera de la institución, no tendrían la capacidad concreta de impedir que el Ministerio Público recabe la información que necesite.
El juzgado determinó que el allanamiento y la incautación de equipos electrónicos, como celulares y laptops, son medidas suficientes para la etapa actual. Chuyo argumentó que la falta de vínculo laboral reduce razonablemente el riesgo de interferencia en las sedes de la ONPE, lo que motivó el rechazo de la detención preliminar de Corvetto.
Discrepancias sobre el domicilio y riesgo de fuga
Respecto al peligro de fuga mencionado por la fiscalía, el magistrado concluyó que las alegaciones no estaban razonablemente sustentadas. El juez indicó que las discrepancias en los datos domiciliarios y la falta de ubicación en el domicilio no constituyen pruebas fehacientes de que Piero Corvetto pretenda abandonar el país o esconderse.
El magistrado consideró que los indicios presentados por los fiscales sobre la posible huida de los implicados eran insuficientes para limitar su libertad. No obstante, la fiscalía insiste en que estos factores, sumados a la gravedad de la pena probable por colusión agravada, configuran un escenario de alto riesgo que debe ser reevaluado.
Acciones de allanamiento e incautación realizadas
Aunque el pedido de detención fue rechazado el pasado 21 de abril, el Poder Judicial sí autorizó el allanamiento de las viviendas de los implicados. Durante estas diligencias, se procedió con la incautación de computadoras y documentos vinculados al caso que involucra a Corvetto y a la empresa Gálaga SAC para su posterior análisis pericial.
Estas acciones permitieron al Ministerio Público asegurar equipos electrónicos que ahora se encuentran bajo custodia fiscal. Sin embargo, la fiscalía reitera que el análisis de estos elementos podría verse comprometido si los investigados, como Piero Corvetto, permanecen en libertad durante la etapa más crítica de la recolección de pruebas y testimonios.
Expectativa por el fallo de la segunda instancia judicial
El recurso de apelación será elevado a una sala superior para que otros magistrados decidan si Piero Corvetto debe cumplir la detención preliminar solicitada. La fiscalía espera que la instancia correspondiente valore los nuevos elementos aportados sobre la presunta red de corrupción que habría operado en las elecciones del 12 de abril.
Mientras se resuelve la apelación, la investigación preparatoria continúa su curso con el análisis de los documentos incautados. El caso de Corvetto se mantiene como una prioridad para el Ministerio Público debido al impacto de las presuntas irregularidades en la institucionalidad democrática y el sistema electoral peruano durante el presente año.
La Fiscalía apeló la resolución judicial que rechazó la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, investigado por presunta colusión agravada tras las elecciones del 12 de abril. El recurso también incluye a los exfuncionarios José Zamamé y Juan Fán, así como al representante de Gálaga SAC, Juan Chávez. El Ministerio Público insiste en que existe peligro de fuga y obstaculización, contradiciendo al juez Manuel Chuyo, quien argumentó que al no existir vínculo laboral ya no hay riesgo de interferencia. La fiscalía busca que una instancia superior apruebe la detención y el levantamiento de las comunicaciones.