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Fiscalía denuncia a Dina Boluarte por colusión agravada en Midis

Boluarte habría favorecido a Víctor Hugo Torres, amigo de su hermano, como proveedor en Qali Warma y Plataformas de Acción Social

Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social por la presunta comisión del delito de colusión agravada, en el marco del caso ‘Qali Warma’. Foto: Presidencia. Video: Canal N

La Fiscalía de la Nación ha presentado una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Esta vez, la imputación se da por su gestión como exministra de Desarrollo e Inclusión Social, y se le acusa del presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.

La denuncia fue ingresada ante el Congreso de la República por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. Según el comunicado oficial, los hechos habrían ocurrido durante su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Presunta concertación para favorecer a proveedor vinculado a su entorno

De acuerdo con la denuncia fiscal, Boluarte habría concertado con Víctor Hugo Torres Merino para que este fuera contratado como proveedor en los programas sociales Qali Warma y Plataformas de Acción para la Inclusión Social. Torres Merino es amigo de infancia de Wigberto Boluarte, hermano de la mandataria.

La Fiscalía sostiene que la presidenta habría aprovechado su cargo para facilitar la adjudicación de servicios públicos a un proveedor vinculado a su entorno personal, lo que configuraría un acto de colusión con perjuicio directo al Estado.

Nueva denuncia por represión durante protestas sociales

Cabe destacar que esta no es la única denuncia constitucional presentada el mismo día. Horas antes, la Fiscalía también interpuso otra acusación contra Boluarte por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023.

En esa segunda denuncia, también están implicados los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como los exministros del Interior y Defensa. La Fiscalía les atribuye responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza pública en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cuzco, Puno y Lima, donde se reportaron 75 víctimas.

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