Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino
El Ministerio Público acusó a los hermanos Quispe Palomino por 124 atentados cometidos entre 2002 y 2018
La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, bajo la conducción del fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, presentó acusación formal y solicitó la pena de cadena perpetua contra los cabecillas Víctor Quispe Palomino, conocido con el alias de “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”. La atribución fiscal los señala por liderar la organización subversiva Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre los años 2002 y 2018.
El requerimiento de la máxima pena privativa de la libertad se extendió a otros miembros del denominado Comité Central de la red criminal, entre los que figuran Tarcela Loya (alias “Olga”), Teodoro Benites (alias “Dino”) y Eleachin Huamán (alias “Julio Pucañahui”). Los hermanos Quispe Palomino integraron la organización Sendero Luminoso en décadas pasadas, para posteriormente conformar la agrupación MPCP a inicios de los años 2000 y encabezar sus acciones remanentes en la zona del Vraem.
Sanciones adicionales y reparación civil a favor del Estado
De manera complementaria, el representante del Ministerio Público solicitó condenas de entre 25 y 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra los mandos Alexander Alarcón (alias “Renan”), Joel Chirote (alias “Roberto”) y Franklin Tello (alias “Lucio”), bajo los cargos del delito de terrorismo agravado. Asimismo, el requerimiento acusatorio formalizó la pretensión de pago de 38.5 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
El expediente elaborado por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional consta de más de 2000 páginas, acumula 74 carpetas o expedientes judiciales y sistematiza 124 acciones delictivas ejecutadas contra la seguridad pública. Entre los atentados más graves documentados se encuentra la emboscada perpetrada en 2003 contra la patrulla de Comandos n.° 19 del Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú, hecho que causó la muerte de siete efectivos de las fuerzas del orden.
Sistematización de atentados, secuestros y adoctrinamiento
El documento probatorio atribuye cargos por autoría mediata, participación individual y dirección ejecutiva en ataques contra bases militares, personal de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y asentamientos nativos en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac. Entre las acciones imputadas resalta la incursión en la base de la DINOES en Ayacucho registrada en 2009, la cual provocó cinco fallecidos, incluyendo a dos ciudadanos civiles.
Se suman además el secuestro masivo de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem en 2012 y el derribo de una nave aérea de la PNP en el mismo año, evento donde falleció la mayor Nancy Flores Paucar. La acusación consigna de igual modo la práctica del secuestro sistemático de adultos y menores de edad —denominados “pioneritos”— en campos de cautiverio para ser sometidos a explotación, adoctrinamiento e incorporación forzosa como combatientes de la red subversiva.