Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Alberto Otárola
La acusación lo sindica como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado, en el marco del proceso de contratación de Yaziré Pinedo Vásquez
El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Alberto Otárola, por su actuación como presidente del Consejo de Ministros.
La acusación lo sindica como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado, en el marco del proceso de contratación de Yaziré Pinedo Vásquez.
Según el comunicado oficial difundido por la Fiscalía de la Nación, los hechos se vinculan a los procesos de contratación de Pinedo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y en el Ministerio de Defensa, donde se desempeñó en calidad de asesora.
De acuerdo con el Ministerio Público, Otárola habría mostrado un indebido interés a través de funcionarios de su entorno de confianza, quienes habrían facilitado la contratación de la joven con quien mantuvo una relación sentimental.
La fiscalía indica que dichas personas formaban parte del círculo cercano de Otárola desde que se desempeñó como presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), lo cual, según el expediente, evidencia una red de influencia prolongada en distintas instituciones del Estado.
Contratada en puesto de confianza en PCM
El caso cobró relevancia pública en enero de este año, cuando se conoció que Yaziré Pinedo fue contratada en puestos de confianza tanto en el Ministerio de Defensa como en la PCM.
Las contrataciones se dieron durante la gestión de Otárola y generaron cuestionamientos por posible favoritismo. Poco después, el entonces presidente del Consejo de Ministros renunció al cargo.
La denuncia constitucional habilita ahora al Congreso de la República para evaluar si Otárola debe ser sometido a antejuicio político y eventualmente inhabilitado o procesado penalmente. Cabe recordar que, al haber ocupado un cargo de alto nivel en el Ejecutivo, goza de prerrogativas constitucionales que requieren este procedimiento previo.