Fiscalización investigaría auto presidencial
En audio, el ministro del Interior habría revelado que se ayudó a Vladimir Cerrón a huir
Luego de que Cuarto Poder difundió un audio en el que, presuntamente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría confesado la utilización de un vehículo oficial de la Presidencia de la República, conocido como ‘cofre’, para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo y con una condena firme por delitos de corrupción.
En el audio se escucha a Santiváñez decir: "Te acuerdas, y el cofre de la presidenta estaba en la playa, iba a buscar a Ron a la playa", a lo que el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, responde: "Hubo la voceaba que estaba en la playa". Este diálogo sugiere un presunto encubrimiento y complicidad del más alto nivel del poder ejecutivo.
Congresistas solicitan conformación de comisión investigadora
De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 68 del Reglamento del Congreso, los congresistas han solicitado la conformación de una comisión investigadora para esclarecer estos hechos. El vehículo presidencial en cuestión es considerado blindado y no puede ser intervenido en ningún lugar del país, lo que habría permitido a Cerrón desplazarse con impunidad y evadir los operativos policiales destinados a su captura.
Además, se ha revelado que la presidenta Dina Boluarte habría presionado al ministro Santibáñez para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), unidad clave en la lucha contra la criminalidad y la corr upción, como condición para designarlo como ministro del Interior. Estas acciones podrían constituir delitos como abuso de autoridad, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, lo que representa un grave atentado contra el estado de derecho y la confianza pública en las instituciones democráticas.
Por lo tanto, se ha propuesto al Pleno del Congreso otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que, en un plazo de 120 días hábiles, investigue el presunto uso indebido del vehículo oficial de la Presidencia de la República y determine las responsabilidades correspondientes.