Francisco Távara denuncia reglaje desde la JNJ
Francisco Távara, magistrado de Junta Nacional de Justicia (JNJ), denunció un supuesto reglaje en su contra por parte de colegas, acusando vigilancia constante, cambios de personal y maniobras para inhibirlo.
En entrevista a Cuentas Claras, aseguró que su chofer fue reemplazado varias veces y que la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, lo vigila mediante informes diarios: “registran mis movimientos y reuniones”.
Távara también denunció que sus colegas actuaron sin informarle de denuncias archivadas en su contra.
En ese sentido, mencionó un oficio firmado por el presidente del organismo, Gino Ríos, solicitando información fiscal sobre él sin su conocimiento, pese a tratarse de una denuncia “archivo hace años”. Para Távara, todo apunta a “una maniobra para sacarme de la institución”.
Procedimiento cuestionado en caso Benavides
Respecto al proceso para restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema y de la Nación, Távara afirmó que fue citado el 6 de junio sin documentación previa ni pleno de evaluación. Por ello, se excusó de participar.
Además, sostuvo que la JNJ perdió competencia al intervenir un proceso ya resuelto y judicializado por Benavides. Señaló que presentar recursos y someter el tema al Tribunal Constitucional era el camino correcto.
Validez dudosa de la votación y politización interna
Távara criticó que la resolución de devolver a Benavides fue aprobada con seis votos. Según ley, requirió unanimidad de los siete miembros, por lo que calificó la interpretación que considera “hábiles” sólo a los presentes como “forzada y discutible”.
Asimismo, advirtió que existe un bloque concertado en la JNJ que toma decisiones con trasfondo político, mientras su voz minoritaria es vista como un estorbo. Expresó preocupación porque este ambiente desvía la atención de problemas reales de justicia e inseguridad.
Impacto institucional y llamado al diálogo
El magistrado lamentó que la crisis en la JNJ agrave la percepción de un sistema de justicia deslegitimado. Propuso que cualquier controversia se resuelva judicialmente, ante el Tribunal Constitucional, en lugar de erosionar instituciones.
Finalmente, recomendó restablecer el rol articulador de la JNJ y centrarse en desafíos como la seguridad ciudadana y el funcionamiento eficaz del sistema de flagrancia.