Funcionarios de Migraciones convirtieron aeropuerto en puerta de salida ilegal
La investigación de Cuarto Poder reveló que la red La Hermandad Fronteriza cobraba montos en dólares para omitir controles migratorios y alertas de captura.
Una investigación policial de la División de Investigación de Delitos contra el Crimen Organizado de la Dirincri y el Ministerio Público permitió la desarticulación de la organización criminal La Hermandad Fronteriza, integrada por inspectores de la Superintendencia Nacional de Migraciones y un efectivo policial. La red de corrupción en Migraciones cobraba sumas de dinero en dólares para facilitar el ingreso y la salida irregular de personas del territorio nacional, omitiendo de forma deliberada las alertas del sistema sobre requisitorias e impedimentos de salida del país.
Las coordinaciones ilícitas se ejecutaban mediante el envío de fotografías de pasaportes vía WhatsApp y transferencias bancarias a las cuentas de los funcionarios involucrados en el aeropuerto internacional y los puestos fronterizos. De acuerdo con las indagaciones fiscales, los integrantes de la red criminal manipulaban los registros informáticos, alteraban las listas de control e indicaban a los usuarios por qué módulos específicos debían transitar para simular las verificaciones correspondientes sin dejar constancia en las bases de datos oficiales.
Modus operandi y vulneración de los sistemas informáticos de control migratorio
El procedimiento operativo de la organización criminal consistía en la asignación de puestos específicos de control dentro de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y terminales terrestres. Según las capturas de las conversaciones por mensajería instantánea, los inspectores en actividad coordinaban turnos y horarios de atención en módulos seleccionados para garantizar el paso de personas no autorizadas. Entre los puntos utilizados por la red se identificaron el módulo 22 diplomático y el módulo 14 preferencial de atención a menores de edad.
Durante las intervenciones se confirmó que los implicados recibían depósitos en efectivo que oscilaban entre los 120 y 500 dólares por cada usuario canalizado. La procuradora pública de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro, precisó las implicancias legales del caso al señalar que "está calificado como el tráfico ilícito de migrantes, temas de datos informáticos y falsedad genérica por la inserción de información no real en los sistemas de migraciones, claramente una vulneración a los sistemas por parte del Estado".
Las pesquisas establecieron que la red también enviaba fotografías de la vestimenta y apariencia física de los usuarios a los fiscalizadores de turno para facilitar su reconocimiento directo en las salas de embarque o ingreso. El general de la Policía Nacional del Perú, Ricardo Espinoza, detalló el nivel de vulneración alcanzado al manifestar que "solamente requiere la fotografía del pasaporte, comunicarle al funcionario e indicarle por qué puerta ingresar [...] en ese momento simular que está controlando; sin embargo, no controla nada y pasa sin ser registrado".
Fuga de requisitoriados y paso irregular de menores hacia el extranjero
Entre las operaciones documentadas por la policía destaca la evasión del delincuente identificado como Omar Castañeda, conocido como Loco Omar, quien registraba una orden de captura vigente por delitos graves. La investigación reveló que el 17 de noviembre de 2022 el inspector de Migraciones Raúl Ponce coordinó con su colega Jorge Díaz Sánchez el pago de 500 dólares para omitir las alertas de requisitoria del sistema informático y evitar la intervención de los efectivos de la policía judicial asignados al aeropuerto internacional.
El informe policial confirmó que Omar Castañeda logró abordar un vuelo comercial rumbo a España en diciembre de 2022 sin que su salida fuera registrada en las bases de datos oficiales de Migraciones. La procuradora Paula Navarro enfatizó el curso de las acciones legales iniciadas por la institución al afirmar que "eso es claramente un delito que han cometido esos servidores o ex servidores de la Superintendencia de Migraciones, justamente por ello a través de la Superintendencia a través de la procuraduría pública estamos participando en cada una de las actuaciones para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos".
Además del paso de personas buscadas por la justicia, la red criminal coordinó la salida ilegal de menores de edad que no contaban con el formato ni la autorización legal de viaje requerida por las autoridades. Asimismo, la organización facilitó el tránsito por el territorio peruano de ciudadanos extranjeros que contaban con prohibiciones de salida emitidas por los órganos judiciales de sus respectivos países de origen, como el caso documentado de la ciudadana de nacionalidad ecuatoriana Alexandra Zambrano.
Participación de ex candidatas parlamentarias y ejecuciones judiciales del operativo
La estructura de captación de la organización contaba con la participación de la exfuncionaria Yojani Rugel Sullón, quien se desempeñó en la Superintendencia Nacional de Migraciones y laboró en despachos del Parlamento Andino junto a Rafael Celis. Las investigaciones de la Dirincri determinaron que Rugel Sullón actuaba como captadora de clientes aprovechando su conocimiento interno de los sistemas de fiscalización y sus vínculos previos con el personal de las dependencias estatales.
El general Ricardo Espinoza confirmó el rol de la expersonal de Migraciones en la organización al declarar que "es uno de los funcionarios que se encuentra comprometido en esta actividad criminal y ha realizado varios pases, se ha concretado el salir e ingresar personas a cambio de dinero [...] hoy esta persona ya retirada de Migraciones viene actuando como una de las personas que conoce el sistema y es una de las captadoras para lograr y convencer a sus excompañeros para poder realizar esta actividad ilícita".
El operativo policial y fiscal se ejecutó de forma simultánea en las regiones de Lima, Puno y Tumbes, logrando la detención de 12 personas vinculadas a la organización. Las autoridades confirmaron la captura de seis inspectores de Migraciones en actividad, cinco en condición de retiro y un efectivo de la Policía Nacional del Perú en ejercicio. Hasta la fecha, las pericias de la Dirincri acreditan que al menos 218 personas ingresaron o salieron de manera irregular del territorio peruano mediante las maniobras de La Hermandad Fronteriza.